Las liberaciones de algunos actores políticos municipales y estatales, e incluso la de un periodista, que se han presentado en Puebla tras enfrentar acusaciones de ejercicio indebido de funciones públicas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, extorsión, entre otros delitos, son parte de los cambios de medidas cautelares, señaló el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Gilberto Higuera Bernal.
Incluso, calificó el trabajo de sus fiscales como profesional, y aunque señaló que hay casos en los que pareciera ser que la percepción es que hay impunidad, descartó esa situación.
En entrevista, Higuera Bernal dijo que se han aplicado criterios internacionales y nacionales que han arrojado que jueces otorguen la protección de la justicia federal, es decir, que en los casos en los que han sido liberados algunos ex funcionarios estatales y municipales, ha sido para enfrentar los proceso en libertad.
Entre las liberaciones que se han dado, tras acusaciones penales en la administración del finado gobernador Miguel Barbosa Huerta, se encuentra la de José Guillermo Aréchiga Santamaría, extitular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla en el Gobierno del propio Barbosa; fue acusado del delito de ejercicio indebido de funciones públicas y de otorgar concesiones de manera indebida y diversos actos de corrupción, detenido en febrero de 2022 y liberado el 3 de marzo de 2023.
Un caso más es el de Rodolfo Chávez Escudero, exdirector de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), quien desde el 9 de enero de 2023 se encontraba detenido, acusado de provocar un daño al erario por 20 millones de pesos.
Otro más fue el de Alfonso Siriako Guillén Almaguer, magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, detenido el 14 de mayo de 2021, acusado de incurrir en delitos relacionados con la administración de justicia, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, fraude, asociación delictuosa, peculado o tráfico de influencias.
Fue señalado de realizar un pago de un laudo por 107.2 millones de pesos, cuando fue funcionario estatal, a tres empresas que se encargaron de la edificación del Centro Expositor.
También se encuentra la liberación de Juan Navarro Rodríguez, exalcalde de Chalchicomula de Sesma, detenido el 15 de noviembre de 2022 por el delito de daño patrimonial; fue puesto en libertad debido a que un juez del Poder Judicial de Puebla revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que previamente se dictó en su contra, debido a que su defensa acreditó su arraigo en la entidad.
También está el caso de José Alejandro Martínez Fuentes, exalcalde de Quecholac y hermano de Antonio Valente Martínez Castillo, conocido como “El Toñín”, quien estuvo preso más de un año.
El caso más reciente es el del periodista Arturo Rueda, acusado de delitos del fuero común y federal, quien podrá enfrentar en libertad las acusaciones en su contra.
En este sentido, el fiscal Gilberto Higuera Bernal dijo que la dependencia de procurción de justicia a su cargo, solo pedirá la aplicación de la ley y promoverá los medios impugnación necesarios.