El Congreso de Puebla definió el calendario para realizar la consulta indígena que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al invalidar artículos de la Ley de Educación y la de Pueblos Indígenas.
Este miércoles, las comisiones unidas de Educación y de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas determinó que la consulta se llevará a cabo en cinco fases, que son las siguientes:
La etapa preparatoria, actos y acuerdos previos; etapa informativa y deliberativa, donde se realizarán siete foros regionales con la promoción de asambleas comunitarias, mesas de debate y talleres; etapa consultiva o fase de diálogo y etapa de seguimiento de acuerdos o fase de decisión.
La primera fase, que inició el 18 de enero y concluirá el 18 de abril, se llevará a cabo en las comunidades de San Marcos Tlacoyalco (Tlacotepec de Benito Juárez), San Felipe Otlaltepec (Tepexi de Rodríguez), San Pablito Pahuatlán (Pahuatlán), Mazatzongo de Guerrero (San Sebastián Tlacotepec), Chigmecatitlán, Mecapalapa (Pantepec), Cuetzalan, Zacapoaxtla, Cuautempan, Huatlatlauca, Huauchinango, Zoquitlán, Altepexi, Quimixtlán, San Miguel Canoa (Puebla), Atlixco, Zapotitlán de Méndez, Huehuetla y Xicotepec de Juárez.
En la sesión, se informó que hasta el momento se ha realizado reuniones en San Pablito Pahuatlán, San Marcos Tlacoyalco y San Felipe Otlaltepec.
La fase informativa se llevará a cabo del 21 de abril al 12 de mayo; la etapa deliberativa, del 15 al 19 de mayo; la fase consultiva o de diálogo, del 30 de mayo al 13 junio, y la de seguimiento y verificación, del 15 al 30 de junio.
¿Por qué habrá consulta indígena en Puebla?
En Puebla habrá consulta indígena porque así lo ordenó la Suprema Corte en diversas sentencias emitidas en 2021 y 2022, al invalidar artículos de la Ley de Educación y de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, pues el Congreso local no consultó a este sector de la población, así como a personas con discapacidad.
Esto se derivó de las acciones de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Corte.
