Durante el último bimestre del año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los organismos encargados de vigilar la aplicación de los recursos en los Estados concretarán la unificación de criterios para solventar las observaciones hechas a las cuentas públicas, anunció Alfonso Olivas Ugalde, encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de la Séptima Reunión Nacional de Contraloría Social que se lleva a cabo en esta capital del 16 al 18 de julio.
“Ya les dimos a conocer un primer criterio y les quiero ofrecer que para la reunión nacional que vamos a celebrar en el último bimestre, vamos a sacar nuevos criterios con la Auditoría Superior de la Federación. Ya revisamos un primer borrador y espero que en los próximos días tendremos la versión definitiva”, anunció el también titular de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación (CPCE-F), al encabezar con el gobernador Rafael Moreno Valle una cena en la que estuvieron presentes los 32 contralores del país.
De igual forma, anunció que para fortalecer los programas de contraloría social en las entidades federativas, se aprobó una ampliación en el rubro de los gastos destinados a la capacitación, permitiendo un ejercicio más eficiente de los mismos, pues anteriormente sólo se ejercían en un 50 por ciento.
Por su parte, el gobernador Moreno Valle subrayó la importancia de la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos, pues constituye una herramienta para recuperar la confianza de la sociedad en los gobiernos y darle credibilidad al servicio público.
En este sentido, destacó el apoyo de la SFP para implementar la contraloría social en la aplicación de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
“Porque era de esos programas donde había participación estatal y federal, y la norma no era clara de si debía entrar o no esta figura, pero el secretario dijo vamos a meter este programa, sobre todo porque esos recursos, por la emergencia, se asignan de manera directa y genera un enorme riesgo en términos de ejecución de obras y transparencia en el ejercicio de los recursos”, señaló.
Agregó que los mejores contralores son los ciudadanos, por lo que desde el inicio de esta administración se han implementado medidas que garanticen la transparencia, como la aprobación de una nueva ley respaldada por todos los grupos parlamentarios –y que hoy está entre las mejores cinco del país–, la aplicación de la armonización contable para eliminar la discrecionalidad en la Secretaría de Finanzas y el fortalecimiento de la Auditoría Superior del Estado (ASE) dotándola de patrimonio y recursos propios que garantizan su autonomía.
Olivas Ugalde también destacó la presencia de un representante de la organización Transparencia Mexicana en el encuentro de contralores, lo que permitió plena libertad para discutir sobre las fortalezas y las áreas de oportunidad de la contraloría social. Finalmente, confío en que, con la experiencia adquirida a lo largo de 23 años en los que se ha implementado la contraloría social y con los resultados del encuentro, se desarrollarán nuevos mecanismos que permitan hacer más eficiente esta figura.
“Para nosotros ha sido muy importante el compartir temas comunes entre las Contralorías de los Estados y la Secretaría de la Función Pública, hoy nos ha reunido el tema de la contraloría social, porque para nosotros es muy importante cumplir con las disposiciones legales que establecen esta figura jurídica en los programas de carácter social y tener la posibilidad de revisar, aquí en Puebla, cuáles han sido las fortalezas y las debilidades de la misma”, sostuvo.
En su intervención, Malcom Alfredo Hemmer Muñoz, secretario de la Contraloría del Estado de Puebla y coordinador de la región centro de contralores Estado-Federación, sostuvo que el encuentro permite definir e innovar en acciones que permitan a la ciudadanía acceder a los beneficios de los programas sociales y vigilar que el gasto público se desarrolle de la mejor manera.
Además de los 32 contralores de los estados, estuvieron presentes el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP, Raúl Sánchez Kobashi, la titular del Sistema Estatal DIF, Martha Erika Alonso, y los alcaldes de Puebla y Cholula, Antonio Gali Fayad y José Juan Espinosa, respectivamente.
