Último minuto
Viernes, 25 de Septiembre de 2026
Puebla 15°C
Reto Diario | Noticias de Puebla
Ver Episodio Completo

Portada del Día

Cargando Portada...

Aseguran que prestanombres recuperaron propiedades de Leonardo Tiro

Aseguran que prestanombres recuperaron propiedades de Leonardo Tiro

Alejandro Tapia, representante de los defraudados por el dueño de Sitma, en Puebla, Leonardo Tiro Moranchel, aseguró que las personas que ganaron un amparo en 2010 y recuperaron propiedades pertenecientes al actual acusado por fraude son prestanombres.

Jorge Patricio González Monroy, Leslie Selene Valle Abreu, Mauricio Gandreu Maurer, Luis Rey Pérez Juárez y Luis de Ita Velázquez, interpusieron un amparo en 2009, asegurando que casas, fraccionamientos y clubes habían sido comprados ante notario público antes de iniciar el proceso de fraude, por lo que las propiedades no debían ser incautadas por el Poder Judicial.

El representante, comentó en entrevista que los beneficiados con estas propiedades son allegados a Leonardo Tiro Moranchel y, entre ellos, se encuentra, Luis Rey Pérez Juárez, quien, según Alejandro Tapia, es socio de Leonardo Tiro en una de las empresas pertenecientes a Sitma.

Ante ello, se hicieron peticiones directas a los jueces de los distritos Segundo, Cuarto, Octavo y Noveno, entre otros, durante el sexenio de Mario Marín Torres, para que los bienes no fueran otorgados a estas personas o al menos para que antes de hacerlo se investigara a los beneficiarios.

El gobierno pasado hizo caso omiso de estas peticiones y durante esta administración estatal se dio a conocer a Roberto Quintana Roo acerca de las irregularidades, sin embargo, tampoco se han realizado investigaciones pertinentes.

Finalmente, Alejandro Tapia, subrayó que hasta el momento no tiene conocimiento que bienes hayan sido utilizados como razón de pago a los defraudados. Asimismo, se supo que aproximadamente 600 personas han otorgado el perdón a Leonardo Tiro Moranchel, sin embargo, que reciban lo que se les debe dependerá de la disposición de efectivo del empresario o de inmuebles por los cuales los defraudados tendrán que pagar una diferencia a lo largo de 36 meses.