En comparecencia ante el Congreso local, como pare de la glosa del primer informe de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, la titular de la Secretaría de la Contraloría, Patricia Leal Islas, reveló que en el proceso de entrega-recepción del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP), se registraron 175 inconsistencias por el cobro indebido de pensiones.
Ante el cuestionamiento del diputado priista, Filiberto Guevara, la contralora informó que como parte de la intervención de la dependencia en el proceso de entrega-recepción, se encontraron inconsistencias y anomalías en el cobro de pensiones del ISSSTEP, por lo que se determinó aplicar una auditoría para aclararlas.
Por este motivo, se hizo una revisión desglosada, encontrándose “elementos presumibles de comisión de delitos, por lo que se turnaron al Ministerio Público 175 casos de cobros de pensiones irregulares” en la administración pasada.
“Hicimos un corte, encontramos 175 pensiones que se habían cobrado de manera indebida, le dimos los elementos al director actual del ISSSTEP para que formalizara su denuncia; se hizo del conocimiento de la Procuraduría, la cual se encuentra realizando su Averiguación Previa; nosotros seguimos al concluir la auditoría hasta fincar los procedimientos de determinación de responsabilidades en contra de los servidores públicos que se vieron involucrados en este suceso”.
Por otra parte, destacó que, como parte del Programa Ciudadano Encubierto, que ha implementado la Secretaría, por actos de corrupción se han cesado de sus funciones a cuatro servidores públicos por cuatro años.
En cuanto al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, destacó que mil diez funcionarios no han rendido su declaración patrimonial y han sido multados por un monto total de 370 mil pesos.
Sobre el desempeño de los módulos de quejas, reportó 570 denuncias ciudadanas por corrupción, de las cuales, ya se resolvieron 337, con 30 sanciones a servidores públicos de la actual administración.
Finalmente, Leal Islas reportó que, hasta el momento, no existe ninguna responsabilidad administrativa contra los ex secretarios de Salud, José Alfredo Arango García, ni de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez; el primero, preso y, el segundo, prófugo de la justicia; acusados del delito de enriquecimiento ilícito.
