Para la periodista Marcela Turati, especialista en el tema de desaparecidos, el tratamiento del caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, sigue una serie de patrones que han tenido otros casos similares en el país, y tiene que ver con el uso de estrategias de comunicación diseñadas desde el poder para desactivar la indignación.
Ayer miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR), en voz de su titular, Alejandro Gertz Manero, dio su primer informe sobre el caso de ese predio donde el pasado 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores reveló la existencia de restos carbonizados, así como prendas y otras pertenencias de personas, lo que ha desatado señalamientos internacionales.
El funcionario aseguró que las omisiones e irregularidades en el caso tienen que ver con la actuación de la Fiscalía de Jalisco en la administración anterior, que no existe un dictamen para asegurar que el lugar fue usado como crematorio, que el lugar era solamente un centro de adiestramiento y que las identificaciones encontradas en el sitio pertenecen a sicarios del crimen organizado.
“Lo que quieren es desactivar la indignación, está el video del cartel que es para causar terror, luego están los escándalos entre las madres buscadoras que se están peleando. Luego es salir y decir rápido que la ropa no era de gente que tenían ahí. ¿Que tenían 400 pares de zapatos los sicarios?”, cuestionó la periodista durante una conversación que tuvo con estudiantes del ITESO, en la Galería Jardín, para hablar sobre este tema.
“Se trata de empezar a cuestionar, porque lo que quieren es que desactivemos el tema, nos vayamos a nuestras casas y digamos, ‘ah, ya se resolvió’. Así empieza el mecanismo. Los informes a los medios son parte del mecanismo de la impunidad, para que digamos: ‘ya fue’, y se cierre el caso y a lo que sigue, hasta la siguiente noticia traumática, hasta el siguiente horror”, declaró.
Más tarde, en entrevista, Turati, quien es también una de las autoras del reportaje colaborativo “El país de las 2 mil fosas”, ganador del Premio Breach/Valdez, explicó que muchas de estas respuestas son parte de un manual o libreto que pasa primero por inventar una verdad histórica para tener una conclusión rápida, luego presentar a cualquier persona como culpable y posteriormente ya no investigar.
“Es decir que se hacen cargo, cuando en realidad a las víctimas no las vuelven a contactar, generalmente les niegan la información. Otra cosa es que en su afán de ocultar la violencia ocultan los cuerpos, ya no siguen investigando y lo que quieren es tapar todo. También hay una narrativa que plantean en los medios, y los medios dejan de hablar de esto, o de repente pasan otras cosas que cambia la tensión”.
Turati consideró que en el rancho Izaguirre no se hizo un trabajo adecuado de la autoridad, pero que los medios también están tan acostumbrados a estos temas que tampoco se investigó, sino hasta que explotó el asunto por parte de los colectivos.
“Lo que tenemos que hacer como periodistas es seguir una corazonada, tratar de ir más profundo. Hay una dinámica de los medios en la que tienen diez notas que entregar, tal vez habría que apostarle a una al mes o al semestre, pero tratar de ir más al fondo, ver cómo se construyó la narrativa, hacer bases de datos. Debemos tener estrategias para profundizar y tener más información, pero no nos da el tiempo, por eso hay que trabajar en equipo”, dijo.
Comparte sus experiencias
Invitada por el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez (CUDJ) del ITESO para presentar su libro San Fernando: última parada (Aguilar, 2023), Turati compartió con la comunidad universitaria los retos que tuvo para crear este reportaje sobre la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010: desde comenzar a escudriñar la crisis forense, hasta dar voz a las familias de desaparecidos y un acompañamiento a estas personas.
Luis Enrique González Araiza, director del CUDJ, moderó el encuentro en el que las estudiantes Mariana Yáñez Ojeda y Ligia Sofía Manzano Rodríguez, de la Licenciatura en Gestión Pública y Políticas Globales y de la Prepa ITESO, respectivamente, lanzaron preguntas a la periodista para lograr entender el proceso y el impacto que tiene en la persona cubrir temas de tal calado.
“Lo que yo quería en mi libro es mostrarle a la gente lo que yo he aprendido como reportera que cubre desapariciones a partir de la guerra contra el narcotráfico que lanza Calderón en 2006 y que desata esta terrible catástrofe tan masiva”, dijo.
“El caso de San Fernando me ayudó mucho para entender cosas que luego se repitieron en Ayotzinapa y que hemos visto en muchos otros casos, como (información que) la Fiscalía y el Gobierno ocultan o como que nadie ayuda a las familias”.
