Los avances digitales de la era reciente son un abanico abierto de posibilidades para la humanidad. Sin embargo, este amplio catálogo también ha dado espacio a otras expresiones de violencia: hostigamiento y acoso digital, suplantación de identidad, robo de datos o difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Las políticas de Estado han sido insuficientes para erradicar esta problemática. Para la Lic. Grecia Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), es esencial que las autoridades vean algo fundamental: “Todo parte de una misma realidad”, y, por tanto, “la violencia digital también es real”.
Durante una sesión de la Cátedra Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla, la experta en temas de ciberseguridad aseguró que la escalada de violencia en entornos digitales corresponde a las opresiones que se viven en el día a día. “Las raíces de desigualdad, machismo, racismo y demás, forman parte del mismo sistema que tenemos todos los días”. En ese sentido, desmitificó algunas creencias que se tienen alrededor de la inseguridad digital.
Empezó por afirmar que “la violencia digital no siempre es sexual”, ya que existen problemáticas como el grooming, que es cuando una persona adulta se hace pasar por un menor de edad; y el phishing, que son aquellos correos o mensajes fraudulentos que se usan para persuadir a las víctimas a revelar información sensible.
En ese sentido, la experta define la violencia digital como “todas aquellas formas en que se puede herir o vulnerar a una persona por medios digitales”, por lo que, desde su punto de vista, las legislaciones actuales como la Ley Olimpia han sido insuficientes para resolver la problemática.
“Estamos halando de una deficiencia estructural considerable”, explicó, pues en su experiencia como acompañante y defensora en casos en los que se vulnera la intimidad de las personas, principalmente, de las mujeres, es más fácil denunciar estos actos por la vía civil que por la vía penal.
Factores como la criminalización, la revictimización, la vulneración de la intimidad y el mal manejo de pruebas —ya que, en su experiencia, las mismas fiscalías difunden el contenido de las víctimas— complejizan el proceso de maneras significativas y llevan a las afectadas a buscar otras vías de reparación para sus casos.
“No hay ninguna iniciativa eficiente para poder combatir este tipo de cosas. Se puede hacer desde cosas muy sencillas como que las autoridades aprenden a coordinarse con plataformas digitales”. Además, es necesario que el personal esté capacitado y sensibilizado ante estos casos; “con que aprendan a cómo documentar debidamente este tipo de casos”, afirmó la ponente.
