El secretario de Educación Pública del estado, Manuel Viveros Narciso, informó que ya suman más de 20 funcionarios y trabajadores destituidos por presuntas irregularidades en la asignación de plazas, como parte de la depuración administrativa en curso en la dependencia.
Las bajas, que superan el corte inicial de entre 7 y 10 separaciones reportado en febrero, han alcanzado distintos niveles de la estructura institucional, incluyendo delegaciones regionales, direcciones de nivel y subsecretarías.
Estas acciones derivan de auditorías internas que, de acuerdo con el propio funcionario, revisan un universo estimado de entre 2 mil 300 y 7 mil plazas potencialmente irregulares, varias de ellas asignadas sin concursos ni evaluaciones, en contravención a la normatividad del sistema de carrera docente.
Viveros Narciso señaló que se mantienen al menos seis denuncias penales presentadas ante autoridades competentes por posibles actos de corrupción en la asignación de plazas docentes y administrativas. El objetivo, indicó, es corregir prácticas heredadas y garantizar que el ingreso y promoción del personal educativo se realice con criterios de legalidad, transparencia y mérito.
Respecto a las plazas pendientes, aseguró que el proceso de regularización y liberación concluirá antes de mayo de 2026, incluyendo las 247 vacantes reclamadas por docentes inconformes en movilizaciones recientes. Las asignaciones, dijo, se realizarán conforme a los lineamientos establecidos, con el fin de evitar afectaciones al servicio educativo en planteles donde existen grupos sin docente, pese a que las plazas aparecen ocupadas en nómina.
El funcionario sostuvo que las destituciones forman parte de la estrategia de saneamiento institucional, alineada con la política de combate a la corrupción impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, y no descartó que se registren más bajas conforme avancen las investigaciones de las instancias de control interno y fiscalización.
