La UDLAP en aprietos por pleito de los Jenkins

Tensión en la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP) se vivió la mañana de este martes luego de que personal del Poder Judicial del estado, con apoyo de la Policía Estatal de Puebla, tomó las instalaciones de la institución para realizar una diligencia, después de que un juez le otorgó al Patronato de la Fundación Universidad de las Américas, el control de la institución derivado del conflicto familiar por presuntas irregularidades en la Fundación Jenkins. 

En entrevista para un medio radiofónico local, Adalberto Ramos, miembro del Patronato, aseveró que la entrada de la Policía Estatal al campus se dio como una medida cautelar de aseguramiento del inmueble.

Agregó que las autoridades judiciales de la Ciudad de México y del estado de Puebla ordenaron que se restituyera a la Fundación Universidad de las Américas Puebla la posesión jurídica y material de las instalaciones de universidad y que se iniciara inmediatamente una auditoría legal, fiscal y contable de la administración, esto, con el objetivo de recuperar el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.

Refirió que ya hay medidas cautelares del juez que impiden que se disponga de los recursos económicos de la universidad y añadió que para la fundación lo primordial "será garantizar la continuidad de la totalidad de los estudiantes, así como la correcta administración de la universidad".

Los hechos

La entrada de la Policía Estatal al campus de la UDLAP este martes generó confrontaciones por la forma en que llegó personal policiaco para desalojar al personal docente y administrativo, además de que fueron suspendidos los talleres que recién habían reactivado sus actividades tras una larga ausencia por la pandemia.

Los accesos fueron bloqueados por patrullas estatales, mientras que algunas grúas ingresaron para retirar vehículos oficiales de la institución.

En los primeros reportes se señaló que la Guardia Nacional también participaba en dicha operación, más tarde la propia corporación desmintió su presencia en el lugar a través de su cuenta oficial de Twitter.

La postura de Derbez y la UDLAP

Al respecto, el rector Luis Ernesto Derbez Bautista aseveró, en un mensaje que dirigió a la comunidad estudiantil, que la presencia policiaca y toma de la institución fue un acto de “despojo” que “no van a permitir”, y que intereses no claros intentan apoderarse de la institución. Señaló que, con el uso de la fuerza pública armada, se intentó imponer un nuevo patronato.

“Las instalaciones de la  UDLAP se encuentran tomadas, decidimos no hacer uso de la fuerza y retirarnos. Sacaron a los trabajadores y durante el día se dedicaron a romper chapas y saquear documentos”.

“Las clases para nuestra comunidad universitaria están aseguradas. El acto de ilegalidad es a todas luces evidente; teníamos un amparo”, aseveró en un video difundido.

Por su parte, la institución académica, a través de un boletín, informó que el acto de despojo en contra de la comunidad UDLAP será denunciado como tal ante las autoridades

“Esto representa un acto de arbitrariedad absoluto indebido en un país democrático y respetuoso del Estado de derecho, que se desprende de un proceso legal que se sigue en contra de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), más no así en contra de la Fundación Universidad de las Américas Puebla”, se lee en el documento.

Agregó que las cuentas bancarias de la universidad han sido ilegalmente bloqueadas, con la finalidad, señala, de apoderarse de los recursos financieros de la institución.

Finalmente, hizo un un llamado a los miembros de la comunidad, a la sociedad civil, los organismos académicos y estudiantiles, al sector privado, a los representantes en los congresos estatal y federal, así como a todos los ciudadanos, a pronunciarse “en contra de este acto arbitrario que hemos sufrido por parte del Estado”.

Acto ilegal y autoritario, acusa Fundación Mary Street Jenkins

El Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins acusó que la intervención en la UDLAP que se dio este martes, es un acto ilegal, autoritario y un atropello grave al Estado de Derecho. 

A través de un comunicado, la Fundación Mary Street Jenkins refirió que cuenta con una suspensión federal para evitar que se pretenda” crear un Patronato espurio, que usurpe funciones en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)”.

El Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, en el que participan diversos miembros de la familia Jenkins de Landa, quienes también están en el Patronato de la UDLAP, exhortó a las autoridades de Puebla a acatar la ley y permitir que estudiantes y docentes continúen con sus actividades.

“Ningún diferendo de carácter administrativo está por encima del interés de miles de estudiantes y sus familias, que están siendo afectados por una acción injustificada mediante el uso de la fuerza pública estatal”, se lee en el documento.

Asimismo, reiteró que hay una campaña de desprestigio en su contra, que ha derivado en acciones contrarias a la ley como los hechos ocurridos hoy en la UDLAP. 

Finalmente, señaló que tiene plena confianza en el Poder Judicial y exige el cumplimiento de la ley para defender el derecho de los jóvenes estudiantes a recibir una educación de calidad.

La historia detrás del conflicto

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el empresario extranjero William Oscar Jenkins constituyó en la ciudad de Puebla una fundación con el nombre de su fallecida esposa Mary Street Jenkins y se estableció que su capital serviría para realizar actos de beneficencia o caridad.

A su muerte, el fundador dispuso como única y universal heredera a dicha fundación, estableciendo claramente que no dejaba a sus hijos herencia alguna. Sin embargo, sus descendientes, la familia Jenkins de Landa junto con otras personas, despojaron a la Fundación Mary Street Jenkins de un patrimonio que asciende a más de 14 mil millones de pesos.

El desfalco multimillonario se llevó a cabo mediante una donación simulada en favor de Fundación Bienestar de Filantropía, institución que también es controlada por el grupo Jenkins de Landa.

Las operaciones de lavado de dinero que ocurrieron en los estados de Puebla y Aguascalientes fueron rastreadas por los ‘Paradise Papers’ y publicadas por Diario Cambio en noviembre de 2017.

Las revelaciones dan cuenta que desde 1998 los Jenkins comenzaron a desviar recursos a paraísos fiscales como Suiza, Panamá y Bahamas.

Es así que el problema legal que la familia enfrenta obedece a una acusación que Guillermo Jenkins de Landa -el hijo primogénito- realizó desde 2013, acerca de que sus parientes desfalcaron a la Fundación al mudar a dicha paraísos fiscales por lo menos 720 millones de dólares de su patrimonio -unos 14 mil millones de pesos-, a través de la Fundación para el Desarrollo.

Las órdenes de aprehensión

El pasado 4 de junio un Juez de Control del Estado de Puebla libró una orden de aprehensión en contra de miembros de la familia Jenkins y sus abogados por su probable responsabilidad de un fraude por más de 14 mil millones de pesos en contra de la fundación Mary Street Jenkins en detrimento de la sociedad poblana.

Resultado de ello, las autoridades judiciales buscan a Roberto, María Elodia, Margarita, y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Juan Guillermo Eustace Jenkins y a sus abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz, y Carlos Román Hernández, quienes se encuentran prófugos.

Asimismo, el pasado 16 de marzo, un Juez de Control con sede en Almoloya de Juárez, libró una orden de aprehensión en contra de los Jenkins de Landa y sus abogados, por el delito de lavado de dinero, por lo que ésta es la segunda orden de captura librada en su contra por el desfalco de los activos de la fundación.

Embargo y aseguramiento de cuentas bancarias y otros bienes

Además de las ordenes de aprehensión, la familia Jenkins también enfrenta un procedimiento por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que el año pasado le requirió el pago de un crédito fiscal por 692.2 millones de pesos, derivado del incumplimiento en el pago de impuestos.

Como consecuencia de ese acto, a mediados de mayo, el juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo y aseguramiento de cuentas bancarias y otros bienes de la familia entre los que se encuentra el terreno que aloja a la UDLAP.

Es por ello que, de ser detenidos los involucrados, serían ingresados en el penal de Almoloya, donde estuvo recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán.