Para la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (FENAPF), Aurora González de Rosas, luego de la reforma al artículo 24 de la Constitución, tanto la Iglesia católica como cualquier tipo de organizaciones religiosas, deben mantenerse ajenas al sector educativo público.
Destacó que las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión al artículo 24 de la Constitución, que brinda libertad a los mexicanos de profesar la creencia religiosa que prefieran, y que ahora otorga privilegios a la Iglesia católica, no les da derecho a las organizaciones religiosas de llevar sus postulados a las escuelas públicas. La dirigente se pronunció por cuidar el artículo tercero, que marca la educación gratuita, laica y obligatoria para todos los ciudadanos.
“Creo que esas reformas se deben consensuar con la población abierta, para que sean decisiones sociales y no respondan a intereses políticos e ideológicos. No estamos de acuerdo con reformas que lesionan los intereses de los ciudadanos”, aseveró.
A pesar de reconocer que, en México, la gran mayoría de la sociedad se identifica con la religión católica: “También hay que aceptar que existen otros grupos religiosos y sectas que deben ser respetadas”, por lo que es necesario “ser muy cuidadosos de las reformas de ley que se avalan”.
