El transporte público en Puebla enfrenta un escenario crítico que refleja la insatisfacción de los usuarios y la deficiencia en la calidad del servicio.
Con la ausencia de cámaras de seguridad y botones de pánico funcionales, unidades con más de diez años de antigüedad y Puebla siendo el tercer estado más insatisfecho con el servicio de transporte público, según el Inegi, la situación es alarmante.
En este contexto, la intención de los transportistas de aumentar nuevamente el costo del pasaje suscita una serie de preguntas y críticas.
En 2019, a dos meses de haber iniciado el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, se aprobó un aumento significativo en las tarifas del transporte público: de 6 a 8.50 pesos para camiones y de 5.50 a 8 pesos para combis.
Este aumento se justificó con la promesa de modernizar las unidades y mejorar las medidas de seguridad.
Sin embargo, la falta de modernización y de medidas de seguridad adecuadas no solo representa un incumplimiento de los acuerdos, sino que también pone en riesgo la seguridad de los pasajeros.
Aunque Transportistas Unidos Región Valsequillo Independiente (TURVI) argumenta que el incremento en los precios de las refacciones y el combustible justifica un nuevo aumento del pasaje, esta vez rondando los 12 pesos.
Mientras, los usuarios se preguntan si la petición de aumento es solo un nuevo amague a las autoridades, en especial a la Secretaría de Movilidad y Transporte, o un mal chiste para los poblanos.
Sin duda la discusión sobre el aumento al costo del pasaje debe ir más allá de los argumentos económicos.
Es crucial considerar el impacto social que podría representar para los usuarios, quienes solo piden una cosa: un transporte público seguro y eficiente para todos. ¿O no?
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