En pleno inicio del proceso electoral 2023-2024, un grupo de diez extrabajadores del Instituto Electoral del Estado (IEE) interpuso una demanda laboral –por despido injustificado– en contra del organismo, de su consejera presidenta, Blanca Yassahara Cruz García, y del resto de los integrantes de su Consejo General.
Los quejosos argumentan que fueron echados del instituto por el simple hecho de haber laborado y formado parte de la administración pasada, desempeñando sus funciones como año tras año lo han hecho.
Y es que fueron cesados a pesar de contar con años de experiencia laboral y, lo más grave, de gozar de plaza permanente.
La denuncia se interpuso desde el pasado mes de julio del año en curso ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por lo que se le dio trámite en el mes de agosto, momento en que el IEE y su autoridad correspondiente, es decir, Blanca Yassahara Cruz, fueron notificados al respecto.
La querella quedo marcada con el Expediente Número D-58/2023. ALMA LILIANA JIMÉNEZ ALVARADO Y OTROS VS. INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
Los reclamantes son los extrabajadores: Roberto Carlos Ruiz Nochebuena, Adriana María Rivera Pérez, Daniela Hernández Méndez, Jorge Arturo Roa Gutiérrez, Norma Angélica Camacho Jasso, Alejandro Nikleson Flores de la Torre, Ana Loren Martínez Beristain, Rafael Herrera Niño de Rivera, Lorenzo Marco Antonio de Castilla Rivera y Emanuel Estrada Machorro.
Y aunque la ley es clara y solo toma en cuenta la denuncia directa en contra del IEE por ser la dependencia de gobierno responsable de los trabajadores, lo cierto es que el documento en sí evidencia las mentiras y omisiones de los siete consejeros, particularmente de Blanca Yassahara Cruz.
Así que la demanda ya tomó curso y está en manos de la autoridad correspondiente, por lo que la administración y los representantes legales del IEE están prácticamente acorralados y evidenciados como un organismo que ejerce terrorismo laboral en contra de sus trabajadores.
Fue el pasado 12 de marzo de 2023 cuando la consejera presidenta del IEE, Blanca Yassahara Cruz, aseguró públicamente que durante su administración en el organismo no se había dado ningún despido, ni masivo, ni injustificado, pero evidentemente mintió.
Porque el acoso laboral que la funcionaria ha ejercido contra los trabajadores del instituto desde que asumió el cargo no ha cesado, incluso a la fecha, por su obsesión y delirio de persecución, se mantiene.
Hasta el momento, suman más de 40 despidos injustificados, documentados por quien esto escribe, contra el mismo número de trabajadores del IEE, quienes se negaron a firmar renuncias voluntarias para que el instituto pudiera evadir la responsabilidad de liquidarlos.
Lo peor de todo es que nadie en el organismo electoral poblano, el supuesto árbitro justiciero del proceso electoral que se avecina en 2024, ha movido un dedo, reclamado, denunciado, o dicho algo ante el sinfín de irregularidades laborales y financieras que allí existen.
Ni los siete consejeros que integran el Consejo General, ni los diez representantes de los distintos partidos políticos (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, PSI, Morena, Nueva Alianza y Fuerza por México).
Todos, a excepción de los trabajadores de base, quienes están amenazados, por parte de la titular de la Dirección Administrativa, Christian Michelle Betancourt Mendivil, con despedirlos si denuncian algo de lo que ven en el IEE a los medios de comunicación, han sido omisos, cómplices, comparsas y encubridores de los caprichos y decisiones arbitrarias de Cruz García.
Y entre ellos está el resto de los consejeros: Jesús Arturo Baltazar Trujano, quien tiene cuentas pendientes por una denuncia en su contra por enriquecimiento inexplicable; Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, Sofía Marisol Martínez Gorbea, Evangelina Mendoza Corona, Susana Rivas Vera y Juan Carlos Rodríguez López.
Además del secretario ejecutivo, Jorge Ortega Pineda; Diana Pérez Ramírez, Joel Rojas Durán, la misma Michelle Betancourt y Juan Ignacio López Caso.
Los trabajadores despedidos por órdenes de Blanca Yassahara Cruz, quienes demandaron al IEE, están reclamando y emplazando al instituto a que les pague una liquidación justa y acorde a los años de trabajo desempeñados como funcionarios electorales.
Piden lo justo, ni más, ni menos.
¿Qué dirá ahora la consejera presidenta del IEE para evadir su responsabilidad?
¿Cómo es explicará que mintió diciendo que no había despidos injustificados en el IEE, cuando ella misma ordeno más de 40?
¿Cómo y hasta cuándo los va a seguir ocultando?
¿Y los partidos y sus representantes dónde carajo están?
¿Por fin quedó claro quién es quién en el IEE?
Pero, sobre todo, ¿quiénes son los que mienten?
Me pregunto, finalmente, lo que siempre he puesto en tela de juicio: ¿ese es el árbitro electoral que actuará y garantizará unas elecciones limpias y transparentes en 2024 en Puebla?
De ser así, ¿a poco no estamos jodidos?
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