Aunque las autoridades federales lo nieguen –una y otra vez– el crimen organizado les sigue ganando terreno en todos sentidos: en operación, en armamento, en inteligencia, en capacidad de reacción, en estrategia y hasta en adiestramiento.
Los niños sicarios son sus nuevos reclutas, y los asesinatos políticos, los últimos, particularmente, su forma de doblegar y dominar al Estado mexicano.
Según cifras publicadas por distintos medios de comunicación, de septiembre de 2018 a septiembre del 2025 suman ya más de 2 mil 200 ataques a personas vinculadas con algún proceso o cargo político. De estos, el 80% son funcionarios, candidatos, aspirantes o incluso integrantes de policías municipales.
Lamentablemente para los mexicanos de a pie, el Inegi reporta la falta de policías en 31 estados, así como lo lee, en 31 de 32. El estándar internacional es 1.8, en México existen 1.4 policías por cada mil habitantes.
¿A qué se debe el recorte, tanto en presupuesto como en agentes?
Evidentemente, ni la guerra contra el crimen organizado ni la estupidez aquella de “abrazos, no balazos” han funcionado.
Y menos si hablamos de la sandez de acusar a los sicarios con sus mamás, si es que se portan mal.
De acuerdo con los especialistas en el tema, se calcula que entre el 30 y el 40% del territorio nacional actual está controlado por el narco, por lo que queda en entredicho que la inseguridad y los asesinatos contra políticos en México comenzó hace 13 años con la estrategia del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
El narco y el crimen organizado se han infiltrado muy fácilmente en el gobierno por las fallidas estrategias de seguridad de sus gobernantes. Por algo existen en el país, incluso en Puebla, ediles vinculados a estos grupos de la muerte.
¿Entones estamos gobernados por el narco?
Para tratar de entenderlo o aceptarlo, solo hay que consultar y analizar las cifras de Data Cívica, las cuales son frías, pues tan solo en las elecciones del 2018 se registraron 28 asesinatos de aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos públicos.
Mientras que en 2021 sumaron 32 asesinatos de precandidatos o candidatos, en 2024 la cifra subió a 36, de los cuales 25 querían ser ediles, cinco más regidores y dos síndicos. En ese mismo año se contabilizaron 661 ataques a funcionarios y personas ligadas a la política. De ello, 79% estaba en el nivel municipal. A pesar de ello, el gobierno federal continuó recortando presupuesto y debilitando a las policías.
Y a pesar que los gobernadores, particularmente de la oposición, se manifestaron en contra de la decisión, nada pasó.
Entonces, se creó la famosa Guardia Nacional. El Ejército salió a las calles y se militarizó la seguridad pública, a pesar que los propios mandos castrenses han reconocido la necesidad de contar con el apoyo e inteligencia de las autoridades locales.
¿De qué nos sirve tener un súper héroe como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, en estas circunstancias?
Evidentemente, el sistema y/o el régimen no ha podido deslindarse de los capos incrustados en la política, los cuales presumen el fuero. En México, somos incapaces de procesar a un expresidente, a un militar o a un alto funcionario que tiene nexos o vínculos con el narco.
Es por ello que, a la fecha, en el actual sexenio, un total de 10 presidentes municipales han sido asesinados. ¿Esto no es grave?
Porque hay muchos ejemplos: la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, fue asesinada afuera de su domicilio; Bernardo Bravo Manríquez, presidente de los citricultores, fue abatido el 20 de octubre pasado; Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, líder de las autodefensas, fue asesinado el pasado 1 de noviembre.
El caso más reciente es el del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado también el pasado 1 de noviembre.
¿Qué sucede en México?
¿Qué sigue?
¿Cuántos funcionarios muertos más nos faltan?
¿Quién será el siguiente Colosio?
¿Hasta cuándo llegará la paz a territorio nacional?
La violencia política está en su máxima expresión mediante el asesinato sistemático de candidatos y funcionarios locales, muy particularmente durante los periodos electorales, lo que representa una grave amenaza a la estabilidad y gobernabilidad democrática de México.
[email protected]
X: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
