La política no se mueve por casualidades. Mucho menos cuando se trata de una presidenta en funciones. La décima visita de Claudia Sheinbaum a Puebla no fue un gesto espontáneo ni una cortesía institucional: fue una señal. Clara, medida y perfectamente alineada al calendario político que ya empezó a correr, aunque oficialmente nadie lo quiera admitir.
Cada gira presidencial en este momento es, en los hechos, un acto de campaña sin logotipo. El mensaje se repite –continuidad, control, disciplina interna–, pero el contexto ya no es el mismo. Hoy hay una ciudadanía más informada, más crítica y, sobre todo, menos dispuesta a consumir discursos sin contraste con la realidad cotidiana.
En Puebla, el énfasis volvió a colocarse en la seguridad. No es casual que desde territorio poblano se reforzara la narrativa de orden y coordinación, con el aval político del pronunciamiento de Omar García Harfuch. El problema no está en el discurso, sino en el desfase: la seguridad puede presumirse en cifras, pero sigue sin traducirse en una sensación real de tranquilidad para amplios sectores de la población.
En tiempos electorales, la seguridad deja de ser política pública y se convierte en estrategia de posicionamiento. No se comunica para resolver, se comunica para ocupar espacio. Y Puebla, por su peso político, se vuelve escaparate obligado.
Las inversiones anunciadas, los elogios al Gobierno estatal y el respaldo implícito a la gestión de Alejandro Armenta forman parte del mismo engranaje: mostrar gobernabilidad, alineamiento y rumbo. El problema es que el discurso de estabilidad convive con una realidad social que no siempre se siente representada en la narrativa oficial.
El espectáculo de la indignación
Si la gira presidencial expuso el cálculo político, el caso de Lydia Valdivia exhibió otra grieta: la facilidad con la que la indignación pública puede activarse, amplificarse y convertirse en crisis sin sustento.
La confirmación de la Fiscalía, a cargo de Idamis Pastor Betancourt, fue contundente: Lydia fue localizada con vida, no estaba embarazada y no fue víctima de un delito. El dato es incómodo, pero necesario.
Aquí surge una pregunta que pocos quieren formular: ¿quién se hace responsable cuando la indignación se construye sobre información falsa o incompleta? No toda ausencia es una desaparición forzada. No todo conflicto personal debe escalar a crisis pública. Y no todo reclamo emocional puede secuestrar el espacio público sin consecuencias.
Convertir bloqueos, cierres y presión social en reflejo automático no es justicia; es abuso. Y cuando se normaliza, el daño colateral lo pagan ciudadanos que no tienen relación alguna con el hecho. Señalarlo no es criminalizar el dolor, es defender el orden como un derecho colectivo.
La reacción social es comprensible; la manipulación de la indignación, no. Puebla necesita aprender a diferenciar entre causas legítimas y espectáculos emocionales que, lejos de ayudar, erosionan la confianza pública y desvían recursos institucionales.
Entre el control y la exigencia
Lo que hoy vive Puebla es una tensión clara: un poder político que busca proyectar control y una sociedad que exige resultados verificables. La gira presidencial, el discurso de seguridad y el caso Lydia no son hechos aislados; son síntomas de un mismo fenómeno.
El 2027 ya se asoma en el horizonte. Y con él, la tentación de convertir cada evento en narrativa electoral. La pregunta no es si esto va a ocurrir –porque ya ocurre–, sino si la ciudadanía seguirá aceptando relatos sin contraste o empezará a exigir algo más que promesas bien producidas.
Puebla, una vez más, está en el centro del tablero. Y lo que aquí se ensaye –para bien o para mal– marcará la ruta de los próximos años.
