Una nota de mi compañera Liliana Tecpanécatl publicada en tribunanoticias.mx revela una realidad asombrosa: “alrededor de un millón de menores de entre 12 y 17 años de edad padecen alguna comorbilidad al coronavirus” en México.
Ese sólo dato ya debería mover al gobierno federal a tomar decisiones de desarrollar una política y estrategia de salud pública para vacunar a los menores de ese rango de edad.
No se nos ocurrió a los medios ni a las organizaciones sociales demandar la vacuna a ese grupo de edad, sino que en países del primer mundo ya lo están haciendo.
De hecho, la mayoría de los laboratorios ya tienen aprobada la aplicación de sus dosis a menores de entre 12 y 17 años.
El secretario de Salud en Puebla, Antonio Martínez García, informó que en la entidad son 30 mil 760 niñas, niños y adolescentes los que presentan esta condición”, continúa la nota de mi compañera.
“El funcionario recordó que en el estado, desde que estaba llevándose a cabo el proceso de planeación del regreso a clases, el titular del ejecutivo instruyó la puesta en marcha del programa “Por tu salud, Puebla te cuida”, consistente en la distribución de cuestionarios para que los padres de familia ofrecieran algunas respuestas sobre la salud de sus vástagos.
El resultado ha evidenciado que las comorbilidades van desde sobrepeso y obesidad, pasando por desnutrición, diabetes y anemia, hasta púrpura, síndrome nefrítico, insuficiencia renal y leucemia. Cabe señalar que ninguno de estos menores está acudiendo a clases presenciales”.
Basta recordar que México es líder en obesidad infantil, debido a la precaria alimentación, pues en miles de hogares puede no haber un libro pero sí hay una botella de refresco y pan dulce para la cena.
El secretario agrega en la nota: “Ahí hemos detectado 30 mil 760 niños, niñas alumnos, que tienen comorbilidades, sobre peso, obesidad exógena, desnutrición leve, moderada y severa, diabetes, anemia, púrpura, síndome nefrítico, insuficiencia renal, leucemia, síndrome pre leucémico, asma e hiper reacciones bronquiales”.
Es por realidades como ésta que se hace urgente la revisión de la política de salud en torno a las aplicaciones contra el COVID-19, pues es una emergencia nacional.
Las autoridades deben duplicar el ritmo de la vacunación –que casualmente antes de las elecciones del 6 de junio era veloz- para intentar de avanzar lo más posible lo que resta del año, a fin de que en el primer trimestre del año próximo se concluya 100% de la primera ronda, para pensar entonces en aplicar la tercera o la primera del segundo año.
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