Ley de Transparencia…

Un acontecimiento registrado ayer en las afueras de la sede del Congreso del Estado marcó la historia de Puebla y los poblanos, como suelen decir los políticos de hoy, los de nueva generación, no los que integran el proyecto camaleónico que lidera Gabriel Hinojosa Rivero, el G2G, sino los que sí son profesionales.

Por cierto, no creo que tarde mucho en salir públicamente el ex edil poblano a pronunciarse por tal o cual aspirante a diputado federal y/o senador de algún determinado partido, según convenga a los pulcros intereses de su proyecto de nueva degeneración.

Y es que Hinojosa, hay que reconocerlo, se mueve como tiburón en mar abierto durante los tiempos electorales.

En fin, ayer el magno evento fue la entrega que hizo el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, al Congreso del Estado de la iniciativa para reformar los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2012.

El objetivo de la propuesta no es otro que reducir de 80 a 20 pesos el costo de las copias certificadas, que son entregadas cuando se solicita información relacionada con el gasto ejecutado por la administración estatal.

Sin duda, el mandatario poblano tiene los hechos, los tiempos y las circunstancias medidas sobre lo que pasa en Puebla. Y es que, a la par de la entrega de su propuesta, se dio el retiro de la estorbosa piedra de la transparencia, colocada desde hace diez meses -en abril de 2010- por la agrupación Actívate por Puebla, en las afueras del recinto legislativo poblano.

La tan famosa y estorbosa roca, de casi 6 toneladas de peso, por fin cumplió su cometido y dejó de afectar la vista del histórico recinto que utiliza como casa la LVIII Legislatura local.

Sin embargo, lo trascendente del caso es que, al final, tanto el gobierno como el monolito, hicieron efectivo su quehacer en la materia, toda vez que la pasada administración le heredó al actual mandatario y a Puebla, una Ley de Transparencia ubicada como la número 27 del país. Afortunadamente, hoy ya es la cuarta más importante de la nación.

Esto, como lo dijo el gobernador, Moreno Valle Rosas, gracias al trabajo, participación y madurez de la sociedad civil y de los diputados poblanos. Y es que, por fin, se logró que la nueva ley destrabara los candados impuestos a la sociedad para conocer cualquier información referente al trabajo que lleva a cabo el gobierno.

Y en ese sentido, me quedo con el análisis hecho por Roberto Alonso, secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el cual señala puntualmente:
 
“La nueva ley poblana adolece aún de la prohibición de los secretos bancario y fiduciario, para el caso de fideicomisos que operan con recursos públicos y carece de una referencia explícita a las pruebas de daño y de interés público.

Tal vez lo más delicado y como también lo han apuntado Fundar y Artículo 19, es que en esta nueva legislación se mantiene la obligación de ratificar el recurso de revisión, e incluso cumplir con este requisito innecesario y burocrático de manera personal, lo que es contrario a la fracción IV del artículo sexto constitucional.

Por desgracia, a los legisladores les faltó apertura para entender que este trámite entorpece el acceso a la información pública; pero cierto es también que en su integralidad, se trata de una buena ley que recupera mejores prácticas para la regulación de este derecho.

Esta evaluación global fue la que prevaleció a la hora de decidir el retiro del monolito que lejos está de ser una ‘piedra del ridículo’ y más cerca está de representar una historia de éxito entre gobierno y sociedad organizada”.

Enhorabuena para Puebla y los poblanos…

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