Además de haber sido aprobada con desaseo en su técnica legislativa, a tropezones y sin un análisis profundo, pues es claramente inconstitucional, la nueva Ley de Seguridad Interior -que avalaron PRI, PAN, PVEM, Panal y PES en la Cámara de Diputados- está por ser aprobada también en el Senado de la República y contiene todos los elementos para convertirse en un arma de represión electoral y política en el marco de los procesos del próximo año, al criminalizar las legítimas protestas sociales.
No es una casualidad que la iniciativa de esta norma –a la que se opuso el Grupo Parlamentario de Morena– se haya quedado en la congeladora legislativa por más de un año y que, ante la proximidad de las elecciones federales en que se renovará la Presidencia de la República, de repente haya sido desempolvada por priistas y panistas.
¿Dónde está y por qué tanta prisa ahora sí?
Esta ley, en la que se propone la supuesta regulación de las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es ambigua pues tiene enormes deficiencias, apenas menciona -sin especificar- cómo se espera que los efectivos militares respeten los derechos humanos y es contraria a los Tratados Internacionales y a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es inconstitucional porque el Congreso de la Unión no está autorizado para legislar sobre Seguridad Interior, encima de que incumple con el mandato de que la Seguridad Pública debe estar en manos de civiles.
La previsión inexorable es que con ella se genere más violencia, pues pasa por alto que en los últimos 10 años, desde que el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa sacó a soldados y marinos de sus cuarteles, para combatir al crimen organizado en su ansiedad por legitimarse tras el fraude de 2006, aumentaron exponencialmente los homicidios hasta superar más de 100 mil.
Que no nos extrañe, como hemos advertido los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que se sigan incrementando las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas por torturas, ejecuciones y desapariciones.
Como también han advertido Organizaciones No Gubernamentales, prestigiados activistas y líderes de opinión, con la Ley de Seguridad Interior -la que están a tiempo de frenar en el Senado los legisladores- a quienes convocamos a un examen de conciencia sobre este tema, debilita el sistema de justicia penal y empodera la figura de Enrique Peña Nieto para la represión, pues a su juicio y voluntad puede lanzar operativos de las fuerzas armadas.
Hay que ser claros: esta Ley enmarca una reforma policial que prepara la represión electoral, lo que es terriblemente grave y anuncia que el partido del Presidente de la República, el Revolucionario Institucional (PRI), se alista para un conflicto postelectoral, ante la debilidad que muestra en las preferencias de los mexicanos y la evidencia de que será derrotado en las urnas.
Las deficiencias y peligros son tan claros, que hasta el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, ha llamado a los senadores a no aprobarla.
El caso Puebla
Un ejemplo de los resultados adversos de utilizar una ley para “legalizar” la represión, lo tenemos en Puebla, en donde instituciones internacionales han dejado en evidencia la utilización del anterior gobierno y el actual, su continuación sumisa, de las instancias de procuración de justicia como garrote de revanchas, herramienta de vendettas.
No hay que olvidar que actualmente hay en el estado más de 360 presos políticos, con procesos torcidos, imputaciones inventadas, descaradas e inverosímiles.
Recientemente, el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhibió las irregularidades en el caso del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, quien finalmente quedó libre el pasado 15 de noviembre. Hay cientos de casos más.
Que no nos engañen con discursos complacientes y demagogia, la Ley de Seguridad Interior es un arma para la represión política que da dientes al jefe de Ejecutivo Federal, para tener su “ejército privado” -como han advertido activistas- en “pleno año electoral”, para los fines que él decida, cuando él quiera y contra quienes él decida.
