Dicen los que saben que las y los legisladores poblanos, por fin, se atrevieron a mirar de frente un problema que llevaba años creciendo en silencio: los delitos cibernéticos.
No se trata de hackers encapuchados en un sótano, como en las películas. Se trata de personas reales –aquí y ahora– que usan una pantalla para robar identidades, manipular a menores, espiar a ciudadanos o acosar impunemente desde el anonimato de un perfil falso.
Y ahora, por primera vez, estas conductas tendrán nombre y castigo.
Dicen los que saben que esta reforma al Código Penal es más que necesaria.
Se tipifica, por ejemplo, la usurpación de identidad digital, ese acto común pero profundamente dañino de fingir ser otro para obtener información personal, ejercer control emocional o, en los casos más graves, con fines sexuales.
En un país donde los delitos sexuales digitales han crecido más rápido que la capacidad institucional de enfrentarlos, esto es un avance impostergable.
También se incorpora el espionaje digital, una figura urgente en una realidad donde los celulares y dispositivos ya no son accesorios, sino extensiones íntimas de nuestra vida.
Acceder sin autorización a datos, archivos o conversaciones privadas dejará de ser “un chisme” para convertirse en delito formal.
Y sí, también se tipifica el ciberasedio: esa violencia persistente que se desliza entre mensajes, correos o publicaciones, disfrazada de opinión o insistencia.
La ley ya no solo castigará la ofensa, sino el hostigamiento sistemático que puede terminar por destruir la integridad emocional o física de una persona.
Dicen los que saben que tipificar no es suficiente.
Ahora viene lo más difícil: capacitar a policías, fiscales y jueces para investigar estos delitos, adaptarse a un entorno digital en constante cambio y evitar que esta reforma se quede en letra muerta.
Pero también es cierto que el Congreso ha dado un paso importante. Ha hecho lo que le toca: nombrar el delito y abrirle camino a la justicia.
Y eso, en estos tiempos donde la violencia también se digitaliza, no es poca cosa.
Estas reformas no son solo necesarias, son un acto de justicia. ¿O no?
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