Minneapolis.- El 7 de enero de 2026, en una tranquila calle de un barrio familiar de Minneapolis, una madre de tres hijos fue asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras estaba sentada en su propio vehículo. Su nombre: Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años. Este hecho estremeció al país no solo por su violencia, sino porque expone una realidad que cada vez es más difícil ocultar: el racismo y la brutalidad estatal han dejado de ser cuestiones marginales en Estados Unidos.
Las autoridades federales afirmaron que Good “intentó usar su auto como arma” contra agentes, etiquetando el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”. Sin embargo, Human Rights Watch calificó la versión oficial de inconsistente con las imágenes del incidente, y múltiples videos revisados contradicen esa narrativa, sugiriendo que la amenaza no era inminente ni letal.
Este asesinato es parte de una tendencia más amplia durante la administración de Donald Trump. Un análisis de The Trace indica que desde septiembre de 2025, agentes de inmigración han disparado en al menos 16 ocasiones, provocando cuatro muertes y al menos siete heridos en enfrentamientos con civiles.
Pero la violencia no termina en las calles. En el año fiscal 2025, las muertes bajo custodia de ICE alcanzaron 32 personas, el número más alto en más de dos décadas, igualando cifras no vistas desde 2004. Estas defunciones ocurrieron dentro de centros de detención o mientras los detenidos estaban bajo control de la agencia federal.
De acuerdo con datos oficiales reportados en medios, al menos siete de esas personas eran mexicanas, una cifra alarmante que refleja cómo las políticas de detención desproporcionadamente afectan a ciudadanos de países latinoamericanos.
Pero los números fríos no bastan para entender el dolor. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han denunciado que el incremento de muertes bajo custodia no es un accidente, sino una consecuencia directa de políticas que han debilitado la supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional y han permitido que la agencia actúe con impunidad. En su declaración más reciente, la ACLU describe estas cifras como “la consecuencia predecible de una administración que normaliza la fuerza letal y la deshumanización en nombre del cumplimiento migratorio”.
Simultáneamente, Human Rights Watch ha documentado prácticas abusivas en centros de detención migratoria –desde condiciones sanitarias deplorables hasta uso excesivo de aislamiento– que constituyen trato cruel e inhumano.
La muerte de Renee Good –una ciudadana estadounidense– marca un punto de inflexión trágico. Ya no se trata únicamente de cifras de migrantes fallecidos o de estadísticas de detención: la violencia estatal ha avanzado hasta un punto en que incluso los derechos más básicos de los ciudadanos pueden ser sacrificados sin explicación transparente. Su asesinato ha generado protestas que se extienden por todo el país, desde Nueva York hasta pequeñas ciudades de Estados Unidos, movilizando a quienes durante años han advertido sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de ICE.
Estados Unidos se enorgullece de ser una “nación de leyes y libertades”, pero cuando la muerte se convierte en herramienta de disuasión y el Estado dispara primero y pregunta después, ese ideal queda en entredicho. El racismo institucional ya no se oculta tras eufemismos legales: está a la vista, en cifras oficiales, en cientos de muertes y en el asesinato de una madre en el corazón del país. Y la pregunta que debemos hacernos no es solo cómo ocurrió, sino qué tipo de nación permitimos que se convierta Estados Unidos si aceptamos que esto siga ocurriendo.
