La detención de los alcaldes Ramiro y Giovanni González Vieyra, de Ciudad Serdán y Tlachichuca, y la búsqueda de los presidentes municipales Ramiro González Vieyra, de San Nicolás Buenos Aires, y Gerardo Cortés, de Cuautempan, obligan a acciones inmediatas para erradicar la narcopolítica en el 2027.
Será tarea del Congreso del estado, del Instituto Electoral del Estado y de la Fiscalía General del Estado hacer modificaciones al marco electoral y legal para darle herramientas al árbitro electoral para tener filtros que permitan detectar a los candidatos-delincuentes.
El caso más significativo es el de Juan Lira, alias “El Moco”, en Chignahuapan, en donde el IEE y la FGE permitieron que participara en la elección del 2024 y obtuvo un triunfo que fue anulado.
Actualmente, Juan Lira es buscado por las autoridades de Puebla e Hidalgo, en donde tiene sus centros de operación, pero increíblemente le permitieron hacer campaña a la Presidencia Municipal de Chignahuapan y las autoridades poblanas no lo detuvieron.
Y ni qué decir de los hermanos González Vieyra, que tenían señalamientos de graves irregularidades en Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires y aun así les permitieron ser candidatos y alcaldes.
Y, recientemente, el caso del alcalde Gerardo Cortés, de Cuautempan, quien está acusado de extorsión, robo a transporte de carga, robo a comercios y venta de sustancias prohibidas.
El IEE tiene la enorme responsabilidad de trabajar de manera conjunta con la FGE para detectar perfiles de criminales que quieren llegar al poder a través de las elecciones en el 2027.
No se debe permitir más candidatos-delincuentes o, de lo contrario, la narcopolitica será la que gobierne en los próximos años la mayor parte de Puebla.
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