El proceso interno de Morena para seleccionar a su candidata (o improbable candidato) a la Presidencia de la República, que ya está en marcha, recibió el aval cómplice del Instituto Nacional Electoral (INE). El árbitro de la contienda ha abierto una Caja de Pandora que puede generar anarquía rumbo al proceso constitucional 2023-2024, que formalmente comenzará recién en septiembre próximo.
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha adelantado los tiempos de precampaña, que debían arrancar formalmente en noviembre próximo, para aspirantes a Palacio Nacional, y pretende maquillar sus intenciones con el nombre de Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), en lugar de candidata (o casi imposible candidato) presidencial.
Eso ha sido aprobado por el INE que, con una nueva configuración en su Consejo General, de facto hizo las paces con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahora es un INE carnal y no hay ninguna necesidad de que el Gobierno de la República, su presidente y su partido, estén en disputa con quienes son, ahora, aliados.
Han dado, las dos partes, la “vuelta a la hoja”, como dijo el propio tabasqueño.
La barricada opositora, en lo que se refiere a la vía institucional, está ahora solamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Pero será por poco tiempo más.
Esa instancia aún no es aliada del régimen. Todavía no está en su control, pero es cuestión de tiempo.
Los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles terminarán sus periodos el próximo 31 de octubre, luego de que de sí han gozado de una ampliación al espacio que debían haber dejado en 2019.
La designación de quiénes ocuparán esos lugares será política y recaerá en la mayoría lopezobradorista del Senado de la República. Por ello tampoco se puede suponer que el TEPJF siga siendo una barricada al régimen.
Lo más probable es que las quejas de la oposición que no sean puntualmente atendidas por el Consejo General del INE terminen siendo también desechadas por el Tribunal, durante el actual proceso electoral y también después.
Si bien las leyes son puntuales y claras, respecto de lo que se puede o lo hacer, la interpretación de éstas es tarea humana, falible, influenciada de pasión y contaminada de intereses.
Mientras todo esto se desarrolla y el INE ha avalado el riesgoso método de Morena para elegir candidata (o prácticamente inviable candidato), apenas ha podido establecer unas cuantas, tímidas y obvias medidas cautelares, sobre esta precampaña de facto que comienza este lunes 19 de julio y que llevará a las llamadas corcholatas a recorrer el país en abierto proselitismo por 70 días.
La recomendación, que no enérgica limitación, del Instituto a Morena y sus aspirantes es apenas un glosario de palabras que no se pueden usar.
Los aspirantes no podrán pronunciar ni “directa” ni “explícitamente” las palabras: “campaña, Morena, candidato y presidencia”, en sus discursos, en sus actos.
Por supuesto, tampoco podrán llamar a votar por su partido, ni podrán ni siquiera anunciar o dar a entender que buscan la candidatura a la Presidencia de la República.
En realidad será muy sencillo para ellos cumplir con estas prohibiciones.
Son palabras que se debe evitar pronunciar, pero en una sintaxis hábil ni siquiera hacen falta, para conseguir la meta de la promoción personal.
Paradójicamente, nada aportan esas medidas cautelares, pues son las que regularmente se establecen en los tiempos oficiales de precampaña.
Son palabras proscritas que, sin embargo, no anulan una cabalgante precampaña que transcurrirá al filo de la ilegalidad.
