El objetivo central de la inspección industrial en nuestro país es promover un mejor desempeño ambiental de las empresas y una competencia sana entre los actores económicos, de ahí que no es una actividad que sólo se dedique a castigar a los infractores.
Así lo manifestó Arturo Rodríguez Abitia, Subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), al indicar que en la industria, como en cualquier otra actividad, existen actores que “no son tan responsables” y sobre los cuales se requiere establecer mecanismos rígidos de vigilancia.
Refirió que después de lo ocurrido a Grupo México, “muchas minas del país han puesto sus barbas a remojar y se han acercado a la PROFEPA para recibir orientación, porque saben que las vamos a visitar”, enfatizó.
Al participar en la novena edición del Congreso Nacional de Ecología y Sustentabilidad de la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (CANAFEM), Rodríguez Abitia explicó que el propósito de la inspección industrial es contribuir a establecer un terreno parejo para la competencia.
“De manera que a veces la inspección industrial es mal entendida, cuando en realidad, además de promover un mejor desempeño ambiental de las actividades económicas, es un instrumento que busca sacar de la jugada a aquellos que están utilizando un mal desempeño ambiental como una ventaja competitiva”, apuntó.
Añadió que cuando esto se entiende, la PROFEPA puede trabajar en mejores condiciones con el sector.
Destacó además que la Procuraduría busca asegurarse de que los actores económicos conozcan las obligaciones establecidas en la normatividad ambiental.
Precisó que las empresas no siempre actúan con mala fe. Sin embargo, indicó, el desconocimiento de la legislación en la materia no las exime de su obligación para cumplir con ella y de posibles sanciones.
Abundó que cuando existe dolo la situación se complica, toda vez que existe la posibilidad de que el infractor sea sujeto a un proceso penal.
En este sentido, citó el caso de Grupo México, al señalar que por actuar con dolo, la PROFEPA presentó una denuncia penal en su contra, tras el derrame ocurrido el pasado 6 de agosto en los Ríos Bacanuchi y Sonora.
“Es por eso que en Cananea existe una denuncia penal, ya que hubo una decisión consciente de arriesgarse incumpliendo la ley, y en esa decisión fallida se generó un problema ambiental que afectó a más de 25 mil personas; ahí hubo dolo y por lo tanto, elementos para generar un proceso penal”, explicó.
Rodríguez Abitia enfatizó que las acciones de la PROFEPA están encaminadas a contar con una industria responsable y segura, y subrayó que la dependencia sigue una política de puertas abiertas y teléfonos disponibles para dialogar antes de generar cualquier acto de molestia.
A la inauguración del Congreso Nacional de Ecología y Sustentabilidad de CANAFEM asistieron, su presidente, Juan Carlos López Abad; el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rodolfo Lacy Tamayo; y el presidente de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, Ramón Antonio Sampayo, entre otros.
