La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tendría efectos directos en Puebla, donde el Ayuntamiento de la capital del estado sería el principal impactado al perder hasta ocho regidurías, como parte de un rediseño nacional orientado a la austeridad y homologación de gobiernos municipales.
De aprobarse el llamado “Plan B”, los cabildos del país se ajustarían a un rango de entre siete y 15 regidores, dependiendo de la población. En este escenario, el municipio de Puebla –actualmente con 23 regidores– tendría que reducir su integración a un máximo de 15, lo que lo colocaría dentro del nuevo límite nacional.
La capital poblana destaca actualmente por ser el segundo municipio con más regidores en el país, solo por debajo de Monterrey, lo que ha sido señalado como una desproporción frente a otros ayuntamientos con menor número de integrantes.
El ajuste implicaría también un impacto presupuestal. Se estima que la eliminación de ocho regidurías generaría un ahorro aproximado de 8.4 millones de pesos anuales, recursos que podrían ser redirigidos a servicios públicos como alumbrado, bacheo o drenaje. La última referencia disponible indica que los regidores percibían ingresos mensuales de hasta 88 mil pesos, aunque esta información no está actualizada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En contraste, el Congreso del estado de Puebla no sufriría recortes, ya que su presupuesto actual se encuentra por debajo del límite propuesto del 0.70% del gasto estatal. Para 2026, el Legislativo poblano ejerce alrededor de 313 millones de pesos, cifra lejana al tope estimado de más de 900 millones.
A nivel estatal, la mayoría de los municipios no enfrentarían cambios significativos en la integración de sus cabildos. Ciudades como Atlixco, San Martín Texmelucan, San Andrés y San Pedro Cholula, así como Tehuacán, ya operan con entre 11 y 12 regidores, dentro de los parámetros planteados por la iniciativa.
En el caso de municipios con menos de 60 mil habitantes, la reforma sí implicaría ajustes, ya que el límite se reduciría a un máximo de siete regidores, lo que supondría la eliminación de al menos un integrante en cada cabildo de ese rango.
La propuesta forma parte de un paquete de modificaciones a leyes secundarias en materia electoral, que también contempla topes salariales para autoridades municipales –quienes no podrán ganar más que la presidenta– y restricciones en la asignación de bonos.
De acuerdo con el coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, en entrevista para Radio Fórmula, el objetivo central es corregir desequilibrios en la integración de los ayuntamientos y reducir costos en la operación de los gobiernos locales.
Con el respaldo de partidos aliados, la iniciativa podría alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, a diferencia de intentos previos de reforma electoral, lo que abre la puerta a cambios estructurales en la conformación de los gobiernos municipales en todo el país.
