El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, expresó su respaldo total a la decisión que pueda tomar el gobernador Alejandro Armenta Mier respecto a la posible rescisión de la concesión otorgada a Agua de Puebla, luego de que la empresa no haya invertido más de 300 millones de pesos comprometidos para 2025.
El edil aseguró que, de confirmarse el incumplimiento, se trataría de una falta grave al contrato de concesión, por lo que el ayuntamiento no pondrá objeción alguna si el Gobierno estatal decide retirarla.
“Yo respaldo al 100% al señor gobernador y lo que él indique así se hará. Si hay una falta de inversión de 300 millones de pesos es un incumplimiento y se hará lo que se tenga que hacer”, afirmó.
Chedraui Budib señaló que la concesión, otorgada durante administraciones panistas, careció de una adecuada supervisión, lo que derivó en la falta de inversión, mantenimiento y comunicación con la ciudadanía, generando problemas graves de desabasto de agua en diversas colonias de la capital poblana.
Indicó que durante los llamados Días del Pueblo se ha detectado que una de las principales demandas de los ciudadanos es el suministro de agua potable, por lo que consideró urgente realizar una supervisión integral a la concesionaria para determinar las inversiones necesarias en infraestructura hidráulica.
“Si no se cumple, es una forma de poder rechazar esta concesión”, subrayó el alcalde, al tiempo que recordó que el gobierno municipal trabaja en establecer cláusulas más específicas en futuros contratos para poder cancelar concesiones que no cumplan con sus obligaciones.
Las declaraciones se dieron luego de que el gobernador Alejandro Armenta adelantara que su administración prepara una “gran sorpresa” en torno a la concesión del agua en Puebla, al reiterar que su prioridad es garantizar el acceso al recurso hídrico para todos los poblanos.
El mandatario estatal informó que se trabaja en una estrategia para negociar con Concesiones Integrales S.A. de C.V. la terminación del título de concesión, el cual calificó como un esquema de corrupción heredado de gobiernos anteriores. Asimismo, enfatizó que el agua no debe tratarse como una mercancía, sino como un derecho humano fundamental que fue vulnerado para beneficiar intereses particulares.
