A partir de 2026, cualquier acción de poda, tala o traslado realizada sin autorización municipal puede derivar en sanciones económicas que alcanzan los 11 mil 314 pesos, una cantidad que supera con creces el costo del permiso oficial.
Las reglas están marcadas en la Ley de Ingresos 2026, donde se especifica que los permisos para intervenir árboles o palmeras sólo se otorgan cuando un análisis técnico determina que el ejemplar representa un peligro o que la acción es estrictamente necesaria, sin provocar daño ambiental. En situaciones relacionadas con obras de construcción, tanto en espacios públicos como en predios privados, el retiro o trasplante de árboles tiene un costo de hasta 3 mil 843 pesos por ejemplar, siempre y cuando exista un dictamen previo.
Hay excepciones. Cuando los árboles o palmeras ya cumplieron su vida útil, la poda realizada en calles, propiedades particulares o instituciones públicas y privadas no genera ningún tipo de cobro.
No obstante, saltarse el procedimiento legal resulta mucho más caro. El Código Reglamentario Municipal (Coremun) contempla multas que van de 20 a mil Unidades de Medida y Actualización, lo que equivale a sanciones que oscilan entre 2 mil 263 y 11 mil 314 pesos. En la práctica, el castigo económico por no pedir permiso puede triplicar el costo del trámite.
Las solicitudes de autorización suelen estar motivadas por riesgos de desplome, daños causados por plagas o afectaciones derivadas de lluvias intensas. Aun así, no todos los permisos han estado libres de cuestionamientos.
