La empresa concesionaria Agua de Puebla para Todos enfrenta críticas crecientes por deficiencias sistemáticas en su servicio. Según denuncias de la Asamblea Social del Agua (ASA), el 77% de las 998 colonias que atiende han reportado al menos una queja por problemas como tandeo excesivo, tarifas elevadas, cobros indebidos y cortes arbitrarios.
En entrevista con Ángulo 7, la académica María Eugenia Ochoa, integrante de la ASA y de la Contraloría Autónoma del Agua, explicó que, a pesar de que los reportes se canalizan al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), órgano regulador, este “responde a medias o con retraso”, debido a su proximidad operativa y conflicto de interés con la concesionaria.
Entre las demandas ciudadanas, destaca la falta de agua en más de 200 colonias, donde la empresa justifica la escasez por la supuesta falta de capacidad de pago de los habitantes. No obstante, Ochoa advierte que el agua no debe tratarse como mercancía: “Es un bien común, como lo establece el artículo 27 constitucional”.
Además, la tarifa mensual, que depende del valor catastral, ha aumentado desde que el servicio fue privatizado en 2014. En algunas zonas, el cobro supera los mil 500 pesos mensuales, mientras en otras apenas rebasa los 150.
Otro foco rojo son los medidores inexactos, cuyas fallas suelen resolverse mediante peritajes que terminan beneficiando a la empresa y no al usuario, que debe costear dicho procedimiento.
Ante este panorama, Ochoa planteó la necesidad urgente de que el gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, convoque a una mesa de diálogo, se impulse una nueva ley estatal del agua con enfoque social y se revise la legalidad de la concesión otorgada en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, la cual, afirma, nunca fue votada en el Congreso local.
