El Ayuntamiento de Puebla, liderado por Pepe Chedraui Budib, denunció un déficit financiero de 547 millones de pesos dejado por la administración anterior, encabezada por Adán Domínguez Sánchez. Además, se reporta un faltante bancario de 333.9 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el tesorero municipal, Héctor González Covián, señaló que el déficit incluye pagos pendientes de obras y contratos comprometidos correspondientes a noviembre y diciembre de 2023. De estos, 116.9 millones de pesos corresponden a obras financiadas con recursos pertenecientes a la actual administración, mientras que 96.2 millones están relacionados con rubros prioritarios que no fueron presupuestados.
El @PueblaAyto, encabezado por @pepechedrauimx, informó que la administración pasada le dejó un hoyo financiero de 547 millones de pesos |Vía: @Les_gonzaleez pic.twitter.com/jvopRbmBRD
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González Covián detalló que, aunque la administración saliente dejó 232.8 millones de pesos en cuentas bancarias, 100.3 millones ya se usaron para saldar un adeudo de 400 millones de pesos, dejando un remanente mínimo.
Por su parte, la contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, informó que durante el proceso de entrega-recepción se identificaron 368 observaciones. Estas irregularidades están siendo investigadas para determinar responsabilidades administrativas de exfuncionarios.
“La investigación busca determinar la existencia de faltas administrativas o actos de responsabilidad. No se trata de una cacería de brujas; el proceso se realizará conforme a derecho y en apego a la normatividad”, afirmó Rivera Aranda.
La contralora Dulce Lilia Rivera Aranda, dijo que por irregularidades en el proceso de entrega-recepción se hicieron 368 observaciones y se inició una investigación por posibles responsabilidades administrativas de exfuncionarios |Vía: @Les_gonzaleez pic.twitter.com/NUgsQi3iE5
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La contralora explicó que la administración anterior tiene 45 días para solventar las observaciones. Una vez concluido este plazo, la comisión encargada emitirá un dictamen que será presentado al Cabildo y posteriormente a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Se espera que para febrero de 2025 se determine si habrá o no sanciones administrativas o penales contra los responsables de las irregularidades detectadas.
