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Acceso efectivo a la justicia y acciones de modernización, resalta Héctor Sánchez en informe

Durante el evento, Barbosa Huerta reconoció el esfuerzo por fortalecer al Poder Judicial y reiteró su respeto a la autonomía del mismo

Acceso efectivo a la justicia y acciones de modernización, resalta Héctor Sánchez en informe

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, resaltó que en un tiempo récord de 40 minutos hacen la liberación de una orden restrictiva en casos de violencia hacia la mujer, para privilegiar su protección y seguridad, además de otras acciones de modernización como el paso a la digitalización que sirve en gran medida en estos tiempos de contingencia. Esto durante su informe anual 2020 de actividades, en el que estuvo presente el mandatario Miguel Barbosa Huerta mismos que reconoció el esfuerzo por fortalecer al Poder Judicial y reiteró su respeto a la autonomía del mismo.

“Hoy el Poder Judicial del Estado de Puebla es una institución sólida y transparente que afrontó un año de incertidumbre y retos en materia de salud pública, garantizando el acceso a la justicia y cumpliendo uno de los mayores compromisos con la sociedad poblana: el fortalecimiento de la justicia familiar”, afirmó Héctor Sánchez.

Ante el gobernador Miguel Barbosa Huerta, magistradas y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla,  Héctor Sánchez detalló los principales aspectos que permitieron el acceso efectivo a la justicia e incluso mejorar las condiciones para otorgarla, siempre con sentido de proximidad y consciencia social.

Resaltó el apoyo del gobierno estatal, pues reconoció que alcanzó una asignación histórica de recursos que en 2020 fue de 869.4 millones de pesos, 71 por ciento más que lo recibido en 2018.

A su vez, el mandatario poblano reconoció el esfuerzo por fortalecer al Poder Judicial y reiteró su respeto a la autonomía del mismo. “Nunca recibirán de mí una amenaza, una línea, porque yo cuido al poder, cuidémoslo todos”, afirmó el gobernador.

El titular del Tribunal detalló los retos que implicó la contingencia sanitaria por Covid19 y para lo cual se emitió un Plan de Continuidad de Operaciones, una herramienta de adaptación institucional que permitió mantener vigente el acceso a la justicia con dos acciones fundamentales: el establecimiento de guardias presenciales para atender todas las materias del derecho y el uso de tecnologías de información y comunicación, a través del Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial, una alternativa de atención a la población y una apertura progresiva de los términos procesales correspondientes, con la agenda de citas, recepción de demandas y la emisión de notificaciones electrónicas, entre otras.

En este contexto, destacó la renovación del Sistema de Oficialía de Partes de todos los órganos jurisdiccionales y la nueva Oficialía de Partes Común en Ciudad Judicial, con sistemas y herramientas modernas, ágiles y seguras, como los kioscos de consulta universal que dan acceso inmediato a los juzgados de los 22 distritos judiciales, permitiendo consultar en tiempo real, los avances y resolutivos de los casos.

Destacó la construcción del Centro Estatal De Convivencia Familiar, un referente regional y nacional que facilita la celebración Convivencias Presenciales Supervisadas; asimismo, se impulsó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el C5 en un sistema telefónico de atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para el otorgamiento y ejecución de órdenes de protección a favor de mujeres, menores y personas violentadas en su domicilio, en un tiempo record de 40 minutos.

Aunado a ello, se crearon las Unidades de Gestión Judicial en materia Familiar mediante las que se permitió atender exclusivamente tareas administrativas inherentes a los procedimientos jurisdiccionales que representan más del 50 % de las actividades en un juzgado especializado en materia familiar, evitando así distraer a las y los impartidores de justicia de su principal función.

Subrayó que no solo se fortaleció la infraestructura en la capital del estado. Con el Ayuntamiento de San Pedro Cholula se inició la ampliación de Ciudad Judicial construyendo nuevos juzgados familiares, salas de audiencia orales, Oficialía Común y otras áreas; al igual que en Chignahuapan, donde se construye y equipa la Casa de Justicia y el Centro de Convivencia Familiar, mientras que en Tepeaca, Atlixco y Huejotzingo, se han ampliado, modernizado y equipado las distintas sedes del Poder Judicial.

Destacó que una de las prioridades fue apuntalar al Poder Judicial del Estado de Puebla como un referente nacional al ser en 2019 el Primer Poder Judicial que obtuvo la Certificación Nacional en Juicios Orales Mercantiles, otorgada por la Secretaría de Economía Federal a través de la CONAMER y que, este año, se logró ser el primero también en conseguir la recertificación con una vigencia de 2 años.

Y, en cumplimiento al compromiso con la apertura de la justicia y su ubicación en la vitrina pública, por tercer año consecutivo, se obtuvo el 100 % en la evaluación de obligaciones en materia de transparencia. 

Destacando, además, que se dio inicio de forma anticipada al decreto emitido por el Congreso Federal, con la publicación de la totalidad de las sentencias dictadas que han causado ejecutoria, relevante para la transparencia de actuación.

Finalmente, destacó que como una medida para mejorar y fortalecer el combate a la corrupción, el Poder Judicial del Estado de Puebla es el primero  en su especie a nivel nacional en obtener la Certificación en la Norma Internacional ISO-37001:2016 Antisoborno, acreditando con ello, que se cuenta con un sistema de control de gestión en los juicios que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares internacionales para prevenir, combatir y sancionar actos de Corrupción.

Finalmente, invitó a las barras y colegios de abogados, a litigantes independientes  y usuarios de sistema de justicia, se sumen al combate a la corrupción, y asegurar que el ejercicio del derecho sea apegado a la certeza jurídica de las partes.