Piden al próximo Gobernador reparar daños contra presos políticos y pedir perdón

El comité para la libertad de los presos políticos y contra la represión social pidió a los tres candidatos que buscan casa Puebla, en caso de ganar, la suspensión de los procesos abiertos y la reparación de los daños ocasionados por la persecución, entre ellas pedir perdón a nombre del Estado.

En rueda de prensa, la representante de la organización, Carolina González Barranco detalló que tienen documentados cerca de 402 casos, 53 de ellos datan de la administración de Mario Marín y el resto de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Si bien no cuentan con información del número total que sigue preso, sí sabe que existen 17 procesos vigentes contra luchadores sociales, de ahí que pidió la interrupción de todos ellos.

"Realizando una remembranza la herencia autoritaria morenogalista condujo en Puebla a 366 personas perseguidas, algunas de ellas restringidas de su libertad, otras más amedrentadas a través de la sospecha".

Por lo anterior, y a tres días del cierre de campaña, el comité exhortó a los aspirantes a pronunciarse específicamente sobre la suspensión de las acusaciones y todos los procesos abiertos y vigentes contra quienes ofrecieron resistencia a las políticas de Rafael Moreno Valle.

De igual manera, la reparación de daño, entre ellas, pedir perdón a nombre del estado y compensar los agravios perpetrados por esa administración; comprometerse a respetar la legislación vigente en la materia a nivel federal y promover la corrección de las modificaciones a la ley de expropiaciones, ley bala y ley orgánica municipal.

González Barranco también solicitó que los candidatos –entre ellos el próximo gobernador- se comprometan a privilegiar el dialogo con las opciones diferentes a la que gane y no utilizar la represión en cualquiera de sus modalidades.

Al final, solicitó al sucesor de Guillermo Pacheco Pulido procurar la corrección de malas prácticas del poder judicial en particular de la Fiscalía General del Estado que no lleva a cabo las tareas necesarias para frenar la delincuencia.