Existe falta apoyo para salvaguardar los derechos de periodistas

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos presentó su reporte correspondiente al 2017, en el que destacó falta apoyo para salvaguardar sus derechos, pues durante ese año atendieron 49 casos de agresiones a comunicadores que fueron desde amenazas, agresiones físicas e incluso el desplazamiento de algunos.

En su informe se precisa que se puso en evidencia la falta de respeto así como la inobservancia de la ley, situación que coloca al estado como una de las entidades de mayor complejidad para ejercer el periodismo en el país.

Del total de las agresiones registradas, fueron 40 hombres y nueve mujeres periodistas los afectados, así como un colaborador del periodismo un voceador, un medio de comunicación y una estación de radio comunitaria que cerró sus puertas.

Los principales municipios donde se cometieron estas agresiones son: Ciudad Serdán, Cholula, Huejotzingo, Teziutlán, Tehuacán, Zacapoaxtla, Zacatlán, Vicente de Guerrero, Izúcar de Matamoros, Xicotepec, Acatlán de Osorio, San Martín Texmelucan, Tlacotepec, Huauchinango, Huixcolotla, Atlixco, Tecamachalco y Caxhuacán.

De estos casos, los más graves se registraron en Chignautla, Tlacotepetl y Vicente Guerrero; pues las víctimas recibieron amenazas de muerte así como amenazas a su familia e incluso se dio un secuestro, en el caso de Vicente Guerrero la víctima sufre un intento de homicidio por parte de dos agresores quienes le provocaron severas lesiones físicas y lo obligaron a desplazarse de su lugar de origen, siendo este el primer caso que se registra en el estado de Puebla.

Cabe señalar que de acuerdo con este reporte, la mayoría de las agresiones provienen de particulares, a diferencia de otras entidades del país que se distinguen por ataques a los periodistas.

Aunado a ello se destaca que del total de casos donde participó el colectivo, 76.4 por ciento de las veces se abrieron carpetas de investigación sobre los hechos, 8.1 por ciento fueron asumidos por la Federación sin saber si se abrió o no carpeta y el 6.q de los casos no fueron denunciados por temor a represalias.