Debido a la detención, presuntamente, “arbitraria” y sin “sustento” del edil auxiliar de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez, el abogado de éste, Hilario Gallegos Gómez, advirtió que en los próximos días interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Su detención fue de una manera arbitraria, ese día llegaron tres ministeriales a la presidencia auxiliar con el pretexto de decir que iban a coordinar esfuerzos de seguridad, ya que como ustedes recordarán en esa misma semana se ofreció una rueda de prensa para denunciar que en las juntas había incrementado la inseguridad, derivado de las modificaciones de la Ley Orgánica”, recordó en rueda de prensa llevada a cabo en el primer cuadro de la ciudad.
Al señalar que los gobiernos estatal y municipal “fabricaron delitos” a Leonardo Báez para que un grupo de elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) lo aprehendieran el pasado 17 de octubre, el defensor legal, dijo que ninguno de los delitos que se le imputan al subalterno son reales, entre ellos, expedir documentos relacionados con la prestación del Registro Civil, servicio que hace unos meses fue absorbido por el gobierno morenovallista, además utilizar un vehículo oficial a su cargo durante una manifestación en la ciudad de México.
“Se le fabricó el delito por la prestación del Registro Civil, sin embargo, la firma no coincide con la del presidente”, glosó al exponer que el denunciante por parte de la Comuna es Francisco Barrera Ventura, empleado de la Sindicatura.
“Es así como el viernes llegó un grupo de ministeriales, en ese momento le pidieron al presidente que fueran a hacer un recorrido por los puntos rojos de La Resurrección, yo lo acompañé, y ya en el trayecto en la unidad los agentes nos notificaron que era una orden de aprehensión”, memorizó el abogado al destacar que el presidente en ningún momento se resistió a ser presentado ante las autoridades correspondientes, como lo subrayaron los elementos policiales.
Por lo anterior y al pedir al municipio respeto para las juntas auxiliares, Gallegos Gómez, destacó que interpondrá una queja ante la CNDH, la cual se sumará a la ya entregada a la Comisión de los Derechos Humanos en el estado (CDH).
“Es una situación netamente política. Ya la denuncia se presentó ante la Comisión en el estado de Puebla, pero recurriremos a la CNDH y ante organismos internacionales”, subrayó.
