Una vez que se realice la homologación de las leyes locales con el Sistema Nacional Anticorrupción, los particulares y privados que incurran en algún acto ilegal con el manejo de recursos públicos serán sujetos de sanciones aplicables a los entes gubernamentales, señaló la diputada presidente de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas.
Comentó que en este nuevo marco normativo se establecerán instancias superiores encargadas de investigar y castigar los asuntos que sean considerados como graves mientras que los casos menores seguirán en manos de la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Subrayó que en todo acto de corrupción intervienen dos partes, la gubernamental y las empresas privadas, por lo que ambas deben ser sancionadas de la misma manera con base en la gravedad del caso en cuestión.
Adelantó que en breve iniciarán con las reformas necesarias para adecuar el Sistema Estatal Anticorrupción para fortalecer a los entes encargados de fiscalizar la correcta aplicación de los recursos públicos en la entidad.
Mencionó que entre las leyes que se modificarán se encuentran la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia y Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
