Ciudad de México. El PRI está dispuesto a colaborar con las autoridades que siguen el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presuntamente involucrado en actos de corrupción, aseguró el presidente del partido, Enrique Ochoa Reza.
El lunes, Duarte perdió por tiempo indefinido sus derechos partidistas.
Ayer, Ochoa Reza afirmó que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados apoyará el proceso que le corresponda para llevar al exgobernador ante la justicia, si así lo solicita el Ministerio Público.
Previamente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que el Ministerio Público de la Federación ya le solicitó información respecto de gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción.
En respuesta, el gobernador Duarte dijo que está lejos de las grillas y dedicado al trabajo. “Respondemos con agenda seria, con agenda importante. Lo otro queda en el anecdotario”.
MP solicita expedientes de gobernadores a SFP
La Función Pública dice que los resultados de auditorías a Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo se darán en 2017.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que el Ministerio Público de la Federación ya le solicitó información respecto de gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción.
El encargado de despacho, Javier Vargas Zempoaltecatl, se negó a ofrecer mayores detalles en los casos de los mandatarios de Veracruz, Javier Duarte; Chihuahua, César Duarte, y Quintana Roo, Roberto Borge, pues dijo que la información es reservada.
— ¿Me podría decir si ya el Ministerio Público de la Federación le solicitó información para coadyuvar en la investigación en el caso de estos gobernadores?
—“Sí, sí, ya me solicitó información”, dijo el también Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Función Pública.
Y enfatizó: “Cotidianamente nos llegan solicitudes del Ministerio Público de la Federación sobre información de diversos funcionarios”.
Luego de impartir el taller sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) explicó que de dar a conocer esta información implicaría violentar los derechos humanos de los servidores señalados.
“Imagínense nada más el daño que se le puede ocasionar a alguien si lanzamos, hacemos pública una observación y después, al momento de darle su garantía de audiencia al servidor público nos acredita o nos solventa esa observación y finalmente no resulta ninguna responsabilidad; ve la gravedad del asunto”, argumentó.
El funcionario detalló que, por el momento, tanto a estas administraciones así como al resto de las entidades del país están en proceso de auditoría y será probablemente a principios de 2017 cuando den resolutivos sobre las mismas.
“Es un programa que se hace de manera conjunta con cada uno de los gobiernos estatales y la auditoría se lleva de manera directa para ellos o de manera conjunta la Secretaría de la Contraloría estatal con la participación de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de esta Secretaría”, mencionó.
Vargas Zempoaltecatl subrayó que la SFP “nunca va a meter a la cárcel a nadie” para eso está el trabajo de la Procuraduría General de la República y la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
“Y respecto de los gobernadores, volvemos a lo mismo, no hay que perder de vista los ámbitos de competencia que tenemos. Y al día de hoy se ha dicho por parte de la procuradora (Arely Gómez) que existen expedientes abiertos en el ámbito penal, y seguramente también en las contralorías estatales están abiertas investigaciones”, expuso.
Finalmente recalcó que en el caso de Javier Duarte y sus colaboradores —quienes están siendo investigados por corrupción— no serán juzgados por las nuevas normativas planteadas en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Llaman a esperar conclusión
La suspensión de derechos partidarios del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es un paso previo para su expulsión, pero antes tendrá que haber una resolución fundada en actos judiciales declaró Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de los diputados del PRI.
Explicó que antes de considerar expulsarlo, el PRI tendrá que esperar a que Javier Duarte sea sometido a una investigación judicial y que derive en una conclusión.
“Queda separado del PRI pero no expulsado a menos que expresamente hiciera una manifestación sobre su deseo de estar fuera”, dijo.
PRI está dispuesto a colaborar con el ministerio público
Ochoa afirma que la decisión contra el mandatario veracruzano abona en la lucha contra la corrupción.
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró la disposición de ese instituto político para colaborar con las instituciones de procuración de justicia del Estado mexicano que siguen el caso del gobernador en funciones de Veracruz, Javier Duarte.
Cuestionado sobre el particular, en entrevista radiofónica, Ochoa Reza respondió que si el Ministerio Público solicitara a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia para poder llevar al político veracruzano ante la justicia, adelantó que la fracción del tricolor en San Lázaro estaría dispuesta a avalar el pedimento, tras afirmar que el PRI debe ser principal garante de la transparencia y rendición de cuentas de gobiernos emanados de sus filas.
“El PRI siempre colaborará con los órganos de impartición de justicia a favor de la transparencia y rendición de cuentas y estaremos muy atentos a lo que las instituciones del Estado mexicano, que llevan las investigaciones sobre el caso de Javier Duarte en Veracruz, dispongan, soliciten y presenten”, subrayó.
Hay que destacar que el recién pasado lunes, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI decidió retirar los derechos como militante al controvertido gobernador, al considerar, entre otras razones, que Javier Duarte debe someterse a la investigación penal que le instruye la PGR, así como la indagatoria que sobre este mismo personaje le sigue el SAT.
El dirigente partidario no soslayó el carácter inédito del proceso y dictamen decretado en contra del gobernador de extracción priista.
Destacó que este proceso y su resolutivo, así como los que se preparan en relación con los mandatarios estatales de Chihuahua y Quintana Roo, constituyen un importante avance en la consolidación de un sistema anticorrupción.
