El Magistrado en su ponencia señaló que los principales problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la tardanza y la impunidad; que el promedio nacional del nivel de confianza en la procuración de justicia está por debajo del 15%. Que México como país miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha suscrito diversos tratados o convenciones, en los que se obligó a cumplir determinados acuerdos que tienen como finalidad la protección los derechos humanos de todos y cada uno de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en este país.
Consideró que la Reforma Constitucional en materia de “seguridad y justicia” introduce el proceso penal acusatorio adversarial, al señalar el artículo 20 que “el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, concentración, contradicción, continuidad e inmediación”, crea el nuevo sistema, el cual tendrá que entrar en vigor en toda la república el junio 2016, indicó además que debemos considerar que la oralidad no garantiza necesariamente rapidez en los juicios, ya que ni la oralidad busca celeridad, ni la celeridad se logra solamente con la oralidad, pues más que brevedad, la oralidad pretende transparencia procesal y equilibrio de las partes.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla agradeció el interés del Magistrado en compartir sus conocimientos a las personas asistentes y señalo que la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, cambia de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar el derecho, que representa una nueva relación entre,
Los Poderes de la Unión, las tres instancias de gobierno y el derecho, lográndose el reconocimiento de la evolución de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
Agregó que es necesario que todas las personas conozcan el contenido de los Tratados Internacionales en los que se reconocen los derechos humanos, con el objeto de contribuir al conocimiento del ordenamiento jurídico y promover la cultura jurídica y de la legalidad.
A esta conferencia se dieron cita funcionarios del Tribunal Superior de Justicia,
Congreso del Estado, Procuraduría General de Justicia, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia (CEAMPAJ), DIF Estatal, la Delegación de la Procuraduría General de la República y la Delegación del Instituto Nacional de Migración.
Además de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Facultad de Derecho de la Universidad Alianza Hispana de Chignahuapan y las organizaciones de la sociedad civil: Unión de Artesanos y Agroindustriales de Puebla A.C., el Arte de Servir en tu Comunidad A.C., Mujer Cereso en Libertad A.C., Desarrollo Social Ciudadano A.C. y Por un Sueño A.C.
