Las autoridades penales de los estados de Veracruz y Tlaxcala iniciaron procedimientos contra el dueño de la empresa, SITMA, Leonardo Tiro Moranchel, con la finalidad de que sea enviado a esas entidades para que responda por las demandas iniciadas por el delito de fraude.
Datos recabados por RETO diario, indican que el juez de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, requiere que sea enviado a esa entidad el dueño del Grupo SITMA, quien actualmente se encuentra preso en el Penal de San Miguel, en Puebla, acusado del delito de fraude.
En tanto que el Juzgado Segundo de lo Penal de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, también requiere que Leonardo Tiro Moranchel sea trasladado a ese territorio para juzgarlo por el delito de fraude.
Cabe señalar que la empresa, Grupo SITMA, se fundó en el municipio de Atlixco, Puebla, y después se extendió a través de diversas sucursales en territorio poblano y, posteriormente, amplió sus operaciones a entidades como Tlaxcala y Veracruz, en donde también defraudó a sus clientes.
En la última semana de abril pasado, trascendió que Leonardo Tiro Moranchel ofreció un nuevo acuerdo de pago a sus clientes para que retiren las demandas penales que lo mantienen preso, pero no se concretaron.
El pasado 30 de abril, la Procuraduría General de Justicia de Puebla, emitió el siguiente comunicado de prensa: “En atención a la versión periodística difundida el fin de semana en torno a que diversos afectados por el caso SITMA fueron citados por los abogados de la referida empresa para que les entregaran cheques de indemnización y a cambio firmaran para otorgar el perdón a Leonardo Tiro Moranchel, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) informa a la ciudadanía en general:
La dependencia desconoce los convenios, acciones y operaciones llevadas a cabo por el comité de clientes con la empresa denominada SITMA y/o Grupo SITMA y/o Leonardo Tiro Moranchel.
También se aclara que en cuanto a delitos perseguibles por querella como son los fraudes, el agente del ministerio público hará del conocimiento al ofendido que pretenda otorgar perdón al o a los inculpados, que ésta es una forma de extinción de la acción penal que impedirá que en el futuro pueda volver a querellarse por los mismos hechos.
En el caso de haber llegado a un a cuerdo las partes, el representante social, procurando siempre el pago de la reparación del daño causado al agraviado, deberá interrogar a éste con la finalidad de conocer si su determinación obedece a su voluntad o a temor fundado que se tenga del o los probables responsables del delito, debiéndose asentar la correspondiente constancia en la averiguación previa o proceso penal respectivo.
La PGJ reitera que los bienes muebles e inmuebles propiedad de la empresa denominada SITMA y/o Grupo SITMA y/o Leonardo Tiro Moranchel, respecto de los cuales los agentes del ministerio público de esta institución decretaron el aseguramiento, continúan asegurados y a disposición de las autoridades competentes”.
