La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención de Gaby N., señalada por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de un siniestro vial ocurrido la noche del 3 de enero de 2026 en la Alcaldía Iztapalapa, donde perdió la vida Roberto Hernández, repartidor de 52 años de edad.
De acuerdo con la investigación, el motociclista fue embestido por un automóvil Honda City azul en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en la colonia Vicente Guerrero. Tras el impacto, el vehículo no se detuvo y continuó su marcha, arrastrando a la víctima por casi dos kilómetros, hasta que el cuerpo se liberó en la colonia Constitución de 1917, donde el hombre falleció a consecuencia de las lesiones.
Las indagatorias permitieron establecer la probable responsabilidad de la conductora a partir del análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica, reconstrucción de los hechos y labores de seguimiento técnico. Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión.
Gaby N. fue localizada y detenida en el municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, en un operativo realizado por agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. Posteriormente, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedará a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.
La Fiscalía capitalina detalló que la mujer, de 43 años, es enfermera y cuenta con antecedentes laborales en el Hospital Juárez de México. Asimismo, se confirmó que era propietaria tanto del vehículo involucrado como de una motocicleta. El automóvil Honda City fue localizado días después del hecho en calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
La FGJCDMX reiteró que continuará informando conforme avancen las etapas del proceso y subrayó que los hechos que derivan en la pérdida de una vida son investigados con rigor y responsabilidad. En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, la persona detenida será considerada inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.





