Los escándalos, abusos, corrupción, excesos y hasta la debacle en la vida pública de la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, y su esposo y antecesor, el exedil Edmundo Tlatehui Percino, estallaron cuando pactaron heredarse y perpetuarse en el poder por seis años.
Y es que decidieron pasar por alto la opinión de su partido, el PAN, y hasta la de los ciudadanos, quienes siempre vieron con malos ojos una extensión del gobierno de Mundo a través de su esposa, Lupe.
Mundo juró y perjuró que ganaría las elecciones para su mujer por encima de quien fuese y como fuese, a fin de mantenerse en la presidencia, y así lo cumplió.
Hizo todo lo que estuvo a su alcance –bueno y malo– para imponer a su pareja como candidata, primero, y para después colocarla en el cargo que cree que es de su propiedad.
Ambos creyeron que de esta forma podrían ocultar y/o justificar el daño patrimonial, el derroche de gastos, las infinitas irregularidades, las extrañas anomalías y faltas administrativas generadas en sus gobiernos.
La ambición económica, la ceguera política y la borrachera de poder de la pareja Tlatehui-Cuautle les hizo imaginar que Mundo podría ser candidato al gobierno y convertirse en mandatario, y a Lupe en una especie de edil eterna con el apoyo económico y político de su marido.
Porque el señorito de San Andrés si de algo presume y se jacta es de que le sobra dinero.
Dinero, por supuesto, mal habido, el cual fue resultado de los moches y milpas obtenidos por las multas provenientes de los giros negros, así como el cobro de cuotas a sus propietarios para evitar que fuesen clausurados.
Porque Mundo, hay que decirlo, nunca se ha conformado con el mentado diezmo sino con un 30, 40 y hasta 50% de moche para otorgar las obras suntuosas y millonarias ejecutadas por su gobierno en San Andrés.
Ayer, por cierto, el coordinador del Gabinete del Gobierno del estado, José Luis García Parra, destapó apenas un poquito la asquerosa cloaca de corrupción y excesos del gobierno que encabeza la pareja dueña de San Andrés Cholula desde hace casi cinco años.
Reveló que la edil panista solicitó al Gobierno estatal mil millones de pesos para financiar la pavimentación de ocho calles de su municipio, lo que calculando resultaría en algo así como 40 millones de pesos por kilómetro de obra, un verdadero robo en despoblado.
Los señalamientos del funcionario incluso confirmaron la veracidad de la denuncia hecha por el regidor con licencia Raymundo Cuautli Martínez, quien denunció que una obra de pavimentación, de dos kilómetros, en San Andrés Cholula contaba con un presupuesto de 89 millones de pesos, es decir más de 40 millones de pesos por kilómetro.
Allí está el caso de una vialidad radial de 2.7 kilómetros, por la que el gobierno de Lupe Cuautle presupuestó 80 millones de pesos, cuando algunos constructores pudieron haber ejecutado la obra en menos de 45 millones, con todo y materiales de alta calidad.
Y aunque Raymundo Cuautli, el eterno aspirante a candidato en San Andrés, no es necesariamente una fuente bien informada, ni un santo, lo cierto es que por fin parece que les llegó su hora a quienes se dicen dueños de Cholula.
El caso es que Lupe Cuautle más bien parece estar ejecutando un plan bien calculado a fin de empezar campaña en San Andrés desde ahora para tratar de asegurar su reelección como edil, cosa que se antoja prácticamente imposible.
Sobre todo si entendemos que no hace mucho empezó una campaña de confrontación contra el gobernador Alejandro Armenta Mier, a quien acusan en privado de no apoyar San Andrés como lo hace con otros municipios.
Y luego dicen que su afrenta, su campaña negra y sus mofas en redes y en chats privados contra el mandatario son falsos.
Más bien, tanto Lupe como Mundo deberían preocuparse por el proceso legal y administrativo que le generaron al exedil sus malos manejos e irregularidades financieras como gobernador de San Andrés, donde acumuló más de 596 millones de pesos en presunto daño patrimonial, tan solo de los periodos 2022 y 2023.
De acuerdo con información publicada por el medio “Desde la Silla”, en 2022 al Ayuntamiento de San Andrés Cholula se le aprobó un presupuesto de egresos de 862.1 millones de pesos, de los cuales se auditó el 58.36% y en el que se detectó un posible daño patrimonial superior a los 230.7 millones de pesos.
Sin embargo, en 2023 el presupuesto autorizado se incrementó a 965.8 millones de pesos y la ASE auditó el 85.17%, por lo que se detectaron graves irregularidades y un presunto daño patrimonial de 365.8 millones de pesos.
La pregunta es: ¿cómo va a librar Mundo el grave problema legal que ya le provocó su mal gobierno?
Y una más: ¿cómo va a justificar el desastre financiero que posiblemente provocará por andar metiendo mano en la administración de su mujer?
Ya lo veremos.
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Sigue la limpia en la FGE
La purga en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla va muy en serio y se siguen ejecutando cambios para lograr el rendimiento y operatividad de la dependencia, la cual se vio afectada por la llegada de personajes del Estado de México que se incorporaron a la dependencia como funcionarios de primer nivel.
A la fecha, al parecer, ya suman ocho los cambios y relevos ejecutados en la dependencia que encabeza la fiscal Idamis Pastor Betancourt.
Fue en noviembre de 2025 cuando se anunció la salida de cinco fiscales y un coordinador, entre los que se encontraban: Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malváez Rodríguez, adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados.
Otro relevo que ya se ejecutó fue el de Juan Carlos López Rojas, quien dejó la dirección General de Comunicación Estratégica y Vinculación Social de la FGE.
En el cargo ya fue nombrado, desde ayer, Gerardo Moctezuma Castillo, quien ya incluso acompañó a la fiscal a la toma de Posesión del Cargo y Protesta de Bandera del Comandante Interino de la Sexta Región Militar, general de Brigada de Estado Mayor, Miguel Ángel Aguirre Lara, a donde también asistió el gobernador Alejandro Armenta Mier.
Gerardo salió de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, donde estuvo como subdirector de comunicación.
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