El Gobierno de Puebla abrió una investigación por un subejercicio de recursos federales en la Secretaría de las Mujeres, luego de que se devolvieran a la Federación más de 1.2 millones de pesos que estaban destinados a la operación de un refugio para mujeres víctimas de violencia, así como para la atención de sus hijas e hijos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Alejandro Espidio Reyes, confirmó que el caso será analizado para determinar si existió negligencia administrativa durante el ejercicio fiscal 2025, periodo en el que la dependencia estuvo a cargo de Yadira Lira, entonces titular de la Secretaría de las Mujeres.
De acuerdo con la información oficial, los recursos no ejercidos estaban etiquetados para la contratación de servicios profesionales, lo que derivó en su devolución al cierre del ejercicio fiscal. En total, la Federación asignó a Puebla más de 3.4 millones de pesos para programas de atención a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, de los cuales aproximadamente el 35% no fue aplicado.
En su momento, Yadira Lira negó un mal manejo del presupuesto y explicó que el subejercicio respondió a retrasos administrativos vinculados a los procesos de contratación de personal especializado, los cuales —señaló— pueden extenderse hasta dos meses y rebasar los plazos fiscales.
No obstante, Espidio Reyes subrayó que la no aplicación de recursos públicos impacta directamente en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales, especialmente cuando se trata de fondos federales. Precisó que la determinación de posibles sanciones financieras corresponde a las instancias federales, mientras que el estado puede evaluar el desempeño administrativo de las dependencias.
El funcionario recalcó que aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas no constituye un acto de violencia, sino una obligación institucional cuando se detectan irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta evitó emitir una postura de fondo sobre el caso y señaló que el tema compete exclusivamente a la instancia revisora. Afirmó que su administración actuará con apego a la legalidad, sin juicios anticipados ni omisiones.
