El empresario Ricardo Salinas Pliego tiene esta semana para cubrir un adeudo fiscal que supera los 51 mil millones de pesos, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El plazo corresponde a los cinco días hábiles que marca el Código Fiscal de la Federación, contados a partir de que surtió efectos la notificación formal enviada a las empresas de Grupo Salinas.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló que los requerimientos de cobro fueron enviados el 9 de enero y que la notificación fue recibida formalmente el 15 de enero, por lo que desde el viernes siguiente comenzó a correr el plazo legal para el pago de los impuestos adeudados.
“El Código Fiscal establece que, a partir de que surte efectos la notificación, se tienen cinco días, que corresponde a esta semana”, explicó el funcionario federal. De no realizarse el pago dentro de ese periodo, dejaría de aplicar el beneficio de ajuste previsto por la ley.
Sheinbaum descarta persecución política y respalda actuación del SAT
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, conforme a la normatividad vigente, si existe intención de pago, el contribuyente puede solicitar un ajuste derivado de las sentencias judiciales, el cual puede ser de hasta 39%, dependiendo del esquema y orden de pago. La mandataria expresó su confianza en que el empresario cubra el adeudo fiscal.
El monto de la deuda fue determinado luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara los recursos legales promovidos por Salinas Pliego en siete litigios fiscales, confirmando la procedencia del cobro. De acuerdo con el SAT, las obligaciones fiscales se originaron en ejercicios fiscales de 2008 a 2013 y sumaban inicialmente 35 mil 873 millones de pesos, cifra que aumentó por recargos y actualizaciones hasta superar los 51 mil millones.
Sheinbaum Pardo rechazó que se trate de una persecución política y subrayó que el proceso responde a resoluciones judiciales firmes. “No hay violación de derechos humanos ni persecución; es un requerimiento del SAT que la Corte ya validó”, afirmó.
