El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que el estado fue utilizado durante años como un “laboratorio a nivel nacional” para aplicar esquemas de Asociación Público Privada (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que generaron deudas millonarias y un saqueo sistemático de recursos públicos.
Al referirse a este tema, el mandatario afirmó que su administración no persigue a nadie, pero tampoco permitirá omisiones ni complicidades. Señaló que no actuar jurídicamente frente a estos casos implicaría responsabilidad directa del gobierno. “La omisión es complicidad”, sostuvo, al justificar las decisiones legales y financieras que se han tomado para revisar contratos heredados.
Armenta puso como ejemplo el Museo Internacional del Barroco, cuya deuda, dijo, superaba los 10 mil millones de pesos y pudo haber rebasado los 14 mil millones. Indicó que, pese a que aún faltaba una parte considerable por pagar, su gobierno resolvió el adeudo con alrededor de 2 mil millones de pesos, lo que calificó como un ejercicio de eficiencia administrativa.
El gobernador también mencionó el caso del Centro Integral de Servicios (CIS), por el que, afirmó, ya se han pagado más de 2 mil 500 millones de pesos y todavía se adeudan cerca de 4 mil millones, aunque su costo original no debía rebasar los mil 300 millones. Señaló que estos compromisos financieros dejaron al estado atado a pagos injustos durante años.
Finalmente, Armenta vinculó estos esquemas con rezagos en áreas básicas, como la educación. Recordó que más de mil escuelas en Puebla carecían de energía eléctrica y que, en el último año, se atendieron 150 planteles con paneles solares. Para este año, dijo, se proyecta llegar a más de 700 escuelas, al subrayar que los recursos públicos debieron destinarse a prioridades y no a modelos que, insistió, institucionalizaron la corrupción.
