El programa de Obra Comunitaria se consolidó como una estrategia clave para llevar bienestar directo a las comunidades poblanas, por lo que el Gobierno del estado realizó 4 mil 192 asambleas en los 217 municipios, de los cuales 180 son considerados Zonas de Atención Prioritaria, con una inversión total de mil 48 millones 297 mil pesos, informó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.
Destacó que las tesoreras comunitarias encabezan la conformación de 4 mil 192 comités, integrados por 20 mil 960 personas, lo que fortalece la organización social y garantiza la correcta aplicación de los recursos en proyectos definidos por la ciudadanía.
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Se atienden 12 vertientes prioritarias: el 48.33% corresponde a acciones de urbanización y electrificación, con una inversión de 548 millones 46 mil 841 pesos. El 27.98% a infraestructura básica, educativa y equipamiento de espacios educativos o de desarrollo familiar, por 193 millones 549 mil 117 pesos. En tanto, el 9.80% fue para asistencia social y servicios comunitarios, con 141 millones 662 mil 336 pesos.
Asimismo, el 7.23% de los recursos se orientó a agua potable, drenaje y alcantarillado, con una inversión de 77 millones 742 mil 737 pesos, mientras que el 6.66% se aplica en equipamiento básico del sector salud, mejoramiento de vivienda y fomento a la producción y productividad, por 87 millones 296 mil 534 pesos.
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En materia de seguridad comunitaria, García Chávez informó que, a través del rubro de Alarmas Vecinales, se instalaron mil 500 dispositivos en los municipios de Cuautlancingo, Puebla y San Pedro Cholula, con una inversión de 26 millones 60 mil 83 pesos.
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Precisó que la instalación de estos equipos, conectados al C5i, puede gestionarse mediante las y los delegados o directamente a través de la Secretaría de Bienestar.
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Con estas acciones, el Gobierno de Puebla, en coordinación con la visión humanista y de bienestar social de la presidenta Claudia Sheinbaum, refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo comunitario, la participación ciudadana y la seguridad, al colocar a las personas en el centro de las políticas públicas.
