El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este viernes 19 de diciembre, que, a partir de enero de 2026, emitirá un requerimiento formal de pago por 51 mil millones de pesos a empresas pertenecientes a Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, tras agotarse todas las instancias de impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, detalló que la deuda deriva de adeudos en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Estas resoluciones administrativas fueron confirmadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tribunales colegiados y, finalmente, por la SCJN, que desechó los últimos recursos de amparo.
“Tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que en enero de 2026 se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación”, explicó Martínez Dagnino.
El funcionario agregó que, en caso de que Grupo Salinas manifieste la intención de cubrir el adeudo de manera voluntaria, podrá solicitar facilidades de pago o ajustes a la baja de hasta el 39%, dependiendo del esquema y orden de pago, de acuerdo con la ley y las sentencias judiciales.
La presidenta Sheinbaum expresó confianza en que el grupo empresarial cumpla con la obligación fiscal.
“Ojalá pague”, comentó, y destacó que los recursos recuperados podrían destinarse a ampliar programas sociales, como la Pensión para el Bienestar de las Mujeres o becas educativas.
“Son montos muy significativos”, subrayó, comparando los 51 mil millones con el presupuesto anual de algunos programas emblemáticos.
Sheinbaum enfatizó que el caso es estrictamente legal y administrativo, supervisado por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y no responde a motivaciones políticas.
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Hasta el momento, Grupo Salinas no ha emitido una respuesta oficial a este anuncio. Previamente, el conglomerado ha argumentado que los cobros incluyen supuestos “pagos dobles” y multas desproporcionadas, y ha mencionado la posibilidad de recurrir a instancias internacionales. Este requerimiento marca el inicio de la fase ejecutiva del cobro, uno de los casos fiscales más relevantes en los últimos años en México.
