La Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP) llevó a cabo el foro “Derechos Humanos, una visión comparada España–México. Gobernanza, nuevas tecnologías y derechos humanos en la era digital”, un espacio académico que reunió a especialistas del ámbito judicial y universitario para reflexionar sobre los desafíos que representan las innovaciones tecnológicas en la protección, promoción y garantía de los derechos humanos.
El encuentro contó con la participación del maestro Israel Argüello Boy, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y de la doctora Irma Josefina Montiel Rodríguez, Magistrada del mismo tribunal, quienes fungieron como moderadores de las ponencias impartidas por el doctor Antonio Solera Castillo, académico, defensor de derechos humanos y excandidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el doctor Rubén Miranda Gonçalves, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y exmagistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y como representante de la ELDP el maestro Oscar Martín del Razo Peña, Coordinador Académico.
Miranda Gonçalves destacó que la inteligencia artificial (IA) ha sido desarrollada con el propósito de resolver problemas y optimizar procesos humanos, impactando sectores como la medicina, la industria y las comunicaciones. Subrayó que su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos en segundos ofrece oportunidades inéditas, pero también plantea riesgos significativos, tales como ciberacoso, grooming, exposición a contenidos inapropiados, discurso de odio, explotación sexual y manipulación de información.
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El académico puntualizó que, de acuerdo con datos difundidos por Science Daily, más de un tercio de los niños menores de un año han interactuado con pantallas, lo cual exige fortalecer los marcos de protección digital dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Añadió que han surgido fenómenos contemporáneos —entre ellos vamping, nomofobia y gambling— vinculados al uso intensivo de dispositivos electrónicos, lo que constituye un campo emergente de estudio.
En cuanto a cibercriminalidad, detalló amenazas como los deepfakes, phishing automatizado, smishing y skimming digital, mecanismos capaces de alterar percepciones, manipular decisiones o vulnerar información sensible de las personas.
Ruben Miranda expuso que la neurotecnología no solo permite estudiar el funcionamiento cerebral, sino que también puede emplearse para registrar, medir o extraer información neuronal, abriendo un debate ético de gran relevancia para la comunidad jurídica. Mencionó el caso de Neuralink, cuyo primer implante de un chip en un ser humano posibilita la comunicación directa entre el cerebro y dispositivos electrónicos. Entre los riesgos asociados, advirtió sobre el peligro de deshumanización, si no se establecen límites normativos y éticos claros.
Por su parte, Antonio Solera sostuvo que la eficacia de los derechos humanos debe adaptarse al acelerado desarrollo de la inteligencia artificial. Explicó que países como Brasil han incorporado tecnologías de IA para la impartición de justicia, permitiendo agilizar trámites e incluso emitir resoluciones en tiempos reducidos.
Solera Castillo puntualizó que las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) constituyen referencias valiosas, pero no son vinculantes, por lo que es necesario avanzar hacia una regulación jurídica robusta y hacia la construcción de un código ético universal aplicable al desarrollo y uso de tecnologías emergentes.
El ponente subrayó además que la IA puede contribuir a reducir tiempos procesales y combatir la corrupción, siempre que exista supervisión humana estricta, pues la toma de decisiones con implicaciones jurídicas debe recaer en autoridades facultadas.
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El foro concluyó con un espacio de diálogo entre estudiantes, académicos y ponentes, en el que se discutieron los desafíos legislativos, éticos y sociales derivados del uso de tecnologías avanzadas en escenarios judiciales y sociales.
La Escuela Libre de Derecho de Puebla reafirma su compromiso con la promoción del conocimiento jurídico, la investigación interdisciplinaria y la formación de profesionales capaces de responder a los retos emergentes en un entorno digital cada vez más complejo.
