Venezuela advirtió que la estabilidad en el Caribe enfrenta un escenario “amenazado” por lo que describió como un despliegue militar estadounidense “sin precedentes” en aguas cercanas a Venezuela.
La delegación venezolana presentó esta posición durante la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya. El embajador permanente de Venezuela ante la CPI, Héctor Constant Rosales, señaló que estas operaciones buscan “afectar la soberanía” de Venezuela y generan riesgos para “una región amante de la paz”.
Según afirmó, la representación venezolana acudió al foro internacional para “alertar y condenar estas acciones hegemónicas que hoy amenazan la paz regional”.
El diplomático vinculó además esa situación con un clima de “intimidación” que, aseguró, pesa sobre el trabajo de la CPI como consecuencia de “sanciones, amenazas y presiones políticas” dirigidas a fiscales y jueces.
A su juicio, estas prácticas buscan frenar investigaciones y condicionan las decisiones de la Corte.
Constant sostuvo que Venezuela “sabe lo que significa” la imposición de medidas coercitivas como mecanismo de “chantaje político”, por lo que insistió en que la CPI debe evaluar el “carácter punible” de ese tipo de acciones.
El embajador reiteró asimismo que Venezuela, “como Estado soberano”, tiene la facultad de conducir sus procesos penales sin injerencias ajenas.
En su intervención, agregó que la justicia internacional no puede transformarse en un instrumento “de dominación selectiva”, ni operar con “un doble rasero” que, a su juicio, termina por beneficiar a los actores más poderosos en detrimento de países que reivindican independencia y soberanía.
Se refirió al cierre de la oficina técnica de la CPI en Caracas, anunciado el lunes, y afirmó que esa decisión no modificará “el espíritu de cooperación” mostrado por Venezuela en materia de derechos humanos y respeto al derecho internacional.
