El Juez Tercero de Distrito del Estado de Tlaxcala, Carlos Alberto Ávila Muñoz, resolvió sobreseer el juicio de amparo interpuesto por 13 personas que pretendían impedir la demolición de los inmuebles construidos de manera irregular en el predio conocido como La Covadonga, que fue invadido ilegalmente, tras considerar que no aportaron pruebas suficientes “que pudieran identificar, verificar o delimitar que sus inmuebles se ubican en una localización en donde son afectados por las autoridades responsables”.
Así lo informó el representante de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, quien explicó que los quejosos pretendían demostrar que los terrenos invadidos pertenecían a Tlaxcala y, por tanto, frenar la demolición de las construcciones que ya establecieron.
Debido a que los invasores no pudieron aportar pruebas, no hay impedimento para que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla continúe con la demolición de los inmuebles irregulares.
Cabe recordar que la madrugada del 19 de julio, autoridades de los tres niveles de gobierno dieron cumplimiento a una orden judicial y retiraron una treintena de inmuebles totalmente deshabitados y bardas perimetrales, en cerca de 9 hectáreas, que se construyeron para despojar el predio conocido como La Covadonga a sus legítimos propietarios.
Según el acuerdo municipal del 30 de abril de 2024, la propia autoridad del ayuntamiento estableció que se retiraran y demolieran las obras ejecutadas en el predio, como medida de seguridad, de carácter preventivo y de inmediata ejecución, con el apoyo de la dependencia municipal antes mencionada.
Ante el retraso en el cumplimiento de dicho acuerdo, el equipo legal de la Fundación Julita y Antonio, interpuso un amparo federal para que la autoridad de la ciudad de Puebla cumpliera con el mismo.
En consecuencia, la juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo, Blanca Alicia Luna, les otorgó un amparo para que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal (SGyDU) procediera a la demolición dictada desde abril del 2024.
Con esta resolución, la Fundación Julita y Antonio continúa el camino legal para demostrar la propiedad legítima del terreno y su recuperación.
