Será hasta finales de noviembre o principios de diciembre cuando los priistas de Puebla elijan al que será su futuro o futura dirigente estatal, en sustitución del guerrerense Juan José Castro Justo, quien llegó al cargo a finales de septiembre tras la renuncia del senador Néstor Camarillo Medina a la presidencia del CDE del PRI.
Hasta el momento, la terna de aspirantes a la dirigencia del tricolor la integran la secretaria general del CDE y diputada local, Delfina Pozos Vergara; el ex presidente municipal de Chignahuapan Lorenzo Rivera Nava y el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, Teodomiro Ortega González.
Actualmente, el Consejo Estatal del PRI se integra por unos mil miembros, entre representantes de los comités municipales, de los sectores obrero, campesino y popular y de los organismos de mujeres y jóvenes.
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Algo raro está sucediendo al seno del Ayuntamiento de Puebla, en el marco del primer informe del presidente municipal José Chedraui Budib, que varios de sus directores están siendo acusados de maltrato al personal, descuentos, moches y despidos injustificados.
Además de la demanda penal en contra la directora del Instituto de la Juventud, Carolina Cabrera Victoria, por el despido de Ana Paula Melo Ramírez, quien la acusó ante la Fiscalía de Puebla de los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad e intimidación, el director general del Sistema Municipal DIF, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, está siendo denunciado por cobrar moches al personal de confianza del organismo.
Se sabe que una empleada recién despedida estaría por interponer una denuncia, no se sabe si penal ante la FGE o administrativa ante la Contraloría Municipal, para acusar al director general del DIF y algunos de sus colaboradores –como Heriberto Valencia Ríos y Rodolfo Hernández Jiménez– de quitarles un porcentaje de su sueldo.
De acuerdo con esta queja, entre los empleados afectados estarían algunos de confianza y de contrato eventual, a quienes les quitarían el 30% de su sueldo.
La quejosa afirma que el cobro de moches lo realizan a instancias del director general del DIF Municipal, Heriberto Valencia, que fue detenido y recluido en el penal de Huejotzingo, como uno de los responsables del accidente en que perdieron la vida dos personas en San Baltazar Temaxcalac, Texmelucan, cuando un tanque elevado de desplomó, y su secretario particular, Rodolfo Hernández, con antecedentes de extorsión a su paso por el Departamento de Auditoría a Patrones de la Subdelegación del IMSS-Puebla.
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Como la directora general jurídica de la Secretaría de Educación Pública del estado, Gabriela Marlene Rojas Rosas, no da una y no tiene experiencia, ya echó mano de un viejo lobo de mar en la dependencia, Ricardo Roberto Cervantes Salas, nombrándolo asesor y secretario particular.
Su nuevo subordinado es, por cierto, uno de los favorecidos con una plaza docente de tiempo completo titular C, por la que gana 77 mil pesos mensuales.
Ricardo Roberto Cervantes es licenciado y maestro en Derecho con especialidad Civil y Mercantil, con una especialidad en Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopia; ya laboraba en la SEP como personal adscrito a la Dirección de Formación Docente.
No está de más señalar que no es funcionario apreciado por los formadores de maestros de la Universidad Pedagógica Nacional, ni de las Escuelas Normales, pues sin ser doctor ni especialista en Educación, obtuvo una plaza que debió concursarse.
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