El diputado de Morena José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar el artículo 65 Bis a la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de que todo embarazo detectado en niñas y adolescentes sea notificado de manera inmediata y confidencial al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de justicia y protección de la infancia.
La propuesta establece que instituciones y prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, deberán activar protocolos de protección integral para salvaguardar la integridad física, psicológica y social de las menores, priorizando el interés superior de la niñez.
De acuerdo con cifras oficiales, el embarazo infantil y adolescente en México es un problema de salud pública y de derechos humanos, asociado a factores como desigualdad de género, pobreza, rezago educativo, uniones tempranas y violencia sexual. Sus consecuencias van desde riesgos sanitarios –eclampsia, parto prematuro o bajo peso al nacer– hasta impactos sociales como el abandono escolar y la precarización.
En 2023 se registraron 101 mil 147 nacimientos de madres entre 10 y 17 años en el país, de los cuales 6 mil 798 correspondieron a niñas de 10 a 14 años, grupo donde la mayoría de los casos están vinculados a coerción o violencia sexual.
En Puebla, ese mismo año se contabilizaron 430 partos en menores de 15 años, siendo la capital, Tehuacán y Quecholac los municipios con mayor incidencia.
La iniciativa retoma criterios de la Guía para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores de 15 años (Sipinna, 2020), que establece que la notificación debe ser el primer paso para garantizar atención en salud, justicia y protección, evitando la revictimización y asegurando respuestas inmediatas.
