El secretario de Acuerdos en funciones de magistrado de la Primera Sala en materia Civil del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Martínez Hernández, podría correr la misma suerte de Fredy Erazo Juárez y Martín Fuentes Morales, quienes tras su designación como magistrados del Poder Judicial del estado comenzaron a promoverse –sin el visto bueno del jefe máximo de las instituciones de Puebla– como los sucesores del presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez.
Aunque la gestión de este concluye hasta el 2027, una vez que se efectúen las elecciones locales de magistrados y jueces, y entren en vigor las reformas por las que desaparece el Consejo de la Judicatura y es sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial, las versiones de que José Eduardo Hernández pedirá licencia o será removido en cualquier momento, son crecientes.
Dicha especulación parece tener su origen en la animadversión del hoy gobernador Alejandro Armenta por los procedimientos sancionatorios y de inhabilitación que el hoy presidente del Consejo de la Judicatura abrió por instrucciones del gobernador Rafael Moreno Valle y su exjefa, la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap), Irma Patricia Leal Islas, en contra de varios funcionarios marinistas.
José Eduardo Hernández fue el brazo derecho de Patricia Leal y de Eukid Castañón Herrera cuando ambos estuvieron al frente de la Contraloría del estado en el sexenio morenovallista.
Tal circunstancia explica por qué en los actos públicos de esta administración, el representante del Poder Judicial del estado es marginado o relegado y por qué el gobernador Armenta prefiere hacerse acompañar de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, en lugar del presidente del Consejo de la Judicatura, quien según el artículo 88 de la Constitución local “ejercerá la representación legal del Poder Judicial”.
Pero volvamos al tema inicial, al secretario de Acuerdos en funciones de magistrado, Pedro Martínez Hernández.
Nuestro personaje se ha convertido en el operador político del armentismo en el Poder Judicial. Por él pasan los asuntos políticos o delicados que requieren algún tratamiento especial y por él se tira línea a magistrados o jueces sobre el sentido en que se esperan sus resoluciones. O al menos es lo que este presume y ha hecho creer a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los miembros del Consejo de la Judicatura, y a los empleados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales con los requerimientos y peticiones de su oficina.
Por eso le digo que a ver si no Pedro Martínez sigue el mismo derrotero de Fredy Erazo y Martín Fuentes, quienes por andar presumiendo que serían los hombres fuertes del Poder Judicial perdieron la confianza de quien los promovió e hizo posible que el Congreso del estado los nombrara magistrados, quedando como presidentes de la Primera Sala en materia Penal y titular de la Ponencia 2 de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, respectivamente.
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