Para desgracia de los ciudadanos, de los mexicanos y, en particular, de los poblanos, el crimen organizado y el narco han infiltrado y corrompido a las autoridades de todo nivel y poder de gobierno.
No hay partido político, gobierno o administración que no haya sufrido en carne propia la vergüenza de un acto de corrupción, generado por el narco, cometido por su presidente municipal, diputado, gobernador, juez, magistrado, integrante de las fuerzas armadas y hasta su líder religioso.
Nadie se salva.
Como dicen coloquialmente, el narco “a todos les llega al precio”.
La participación del narco en el gobierno en México es tal que ha sido capaz de controlar ciertos mandos de las fuerzas armadas, lo que les ha permitido poder operar sin el menor rubor y hasta con protección de los elementos más capacitados.
¿Qué se podría esperar del resto de las autoridades gubernamentales, si el narcotráfico y los grupos delincuenciales ya doblaron a las fuerzas de mayor rango y elite en el país?
De acuerdo con los expertos en temas de seguridad, los mejores ejemplos de cómo el narco puede llegar a tener influencia y poder son los casos de Salvador Cienfuegos Zepeda y Genaro García Luna, extitulares de la Sedena y Seguridad Pública, durante los gobiernos de del PRI y del PAN, respectivamente.
Ambos detenidos en su momento en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y graves actos de corrupción. En el caso de Salvador Cienfuegos, él ya está libre.
Sin embargo, en el país, y ahora en Puebla, ya es muy recurrente que los ediles, sobre todo, estén relacionados con el narco y sus líderes, quienes incluso llegan a financiar las campañas políticas con las que las autoridades llegaron a sus respectivos cargos.
En Puebla, el caso más reciente es el de Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal de Cuautempan (de extracción petista-morenista), municipio enclavado en la Sierra Norte del estado y quien a la fecha anda prófugo de la justicia.
Y es que el pasado 9 de mayo, la Fiscalía General del Estado (FGE), apoyada por las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina (Semar) y Seguridad Pública del Estado (SSP), cateó diversos inmuebles, propiedad de Gerardo Cortés, en los municipios de Cuautempan y Ahuacatlán, donde se logró el aseguramiento de droga, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos.
Al edil se le acusa de actividades ilícitas, del cobro de 200 a 500 pesos a comerciantes por dejarlos trabajar, de robo de mercancía a transportistas y a negocios, así como de la venta y distribución de droga en la región.
Previo a estas acciones, el edil morenista solicitó licencia al Cabildo del Ayuntamiento que preside para ausentarse por 20 días, lo que le permitió poder escapar de las autoridades federales.
Sin embargo, el caso del edil con licencia Gerardo Cortés, de Cuautempan, y del narco relacionado con las autoridades de gobierno, ya no es novedad en Puebla, pues se ha convertido ya en una práctica muy recurrente.
Ahí están también los casos de los hermanos González Vieyra, Giovanni y Uruviel, y su padre, Ramiro Margarito, quienes fueron detenidos durante un cateo sorpresa en su racho y otras propiedades, ubicadas en la zona de Ciudad Serdán.
A los hermanos González Vieyra, apoyados e impulsados por el Partido Movimiento Ciudadano, se les acusa de los delitos de secuestro, extorsión y delitos en agravio de las arcas públicas del estado.
De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), los hermanos Uruviel y Giovanni ocasionaron un posible daño patrimonial por 41 millones 406 mil 517 pesos en Ciudad Serdán y Tlachichuca, tan solo durante su primera gestión como ediles.
Un caso más de cómo el crimen organizado ha infiltrado y operado presuntamente también a través de gobernadores mexicanos es el caso de la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien el gobierno de Estados Unidos hace unos días le retiró su visa y también a su esposo, Carlos Torres.
Y así podríamos citar y mencionar otros ejemplos de cómo el narco y el crimen organizado han utilizado a diversos funcionarios para poder operar sin problema alguno.
Insisto, ningún partido político y gobierno se salvan de haber sido infiltrados por el narco, por lo que es urgente que se pongan candados en la ley para evitar que personajes con vínculos con la delincuencia sean postulados y encumbrados en cargos públicos.
Ya ni Morena ni la 4T se salvan del fenómeno, el cual cada día se hace más recurrente y normal.
¿O con cuántos narcoediles más se quiere dejar a Puebla en vergüenza?
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Lo bueno, lo malo y lo feo de la Feria de Puebla 2025
Sin duda, lo bueno de la Feria 2025 fue el récord de asistencia a sus conciertos, sobre todo, pues los conciertos de Scorpions, The Killers, Maroon 5, Intocable y los Alameños de la Sierra la rompieron.
Hubo incluso excursiones de otros estados a Puebla únicamente para asistir a alguno de los conciertos organizados para esta versión de la feria poblana.
Otro punto bueno fue la seguridad en la feria, ordenada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, ya que estuvo custodiada por la Marina, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y los elementos locales encargados del orden, tanto estatales como municipales.
Lo malo de la feria, por supuesto, fueron “los cadeneros” que la empresa RP Espectáculos, encargada de la seguridad y logística de los conciertos del Teatro del Pueblo, colocó para supervisar el ingreso de los visitantes.
Y es que sus achichincles incluso golpearon a varias personas que intentaron ingresar a alguno de los conciertos que se ofrecieron con tan solo el boleto de entrada de la feria.
Y lo feo de la Feria de Puebla 2025 fue que se terminó muy rápido, así como los hechos aislados de violencia, los cuales, muchas veces, con tanta gente son inevitables.
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