Esta tarde, María Eugenia Enríquez Reyes, quien fungió como ex coordinadora de Agencias de Ministerio Público de la Zona Poniente, y sobre quien pesaba una orden de aprehensión por una supuesta relación delictiva con un grupo de Zetas asegurado hace cuatro años en Tlapanalá en 2008, decidió entregarse en el Juzgado Tercero de Distrito.
María Eugenia Enríquez, señaló que decidió entregarse pues está cansada de escapar y esconderse por algo que ella no hizo, ya que las acusaciones que pesan en su contra fueron fabricadas por el ex procurador, Rodolfo Igor Archundia Sierra, y su segundo, el ahora ex subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Víctor Pérez Dorantes.
Fueron ellos quienes prefabricaron supuestos nexos con la delincuencia organizada, en su modalidad de colaboración al fomento de la ejecución de delitos contra la salud, además de que se le relaciona con el supuesto atentado que sufrió, Pérez Dorantes, en 2008, donde la misma Procuraduría nada pudo probar.
La ex funcionaria agregó que las acusaciones en su contra se basan únicamente en la declaración de uno de los detenidos en Tlapanalá, quien manifestó, sin decir nombres, que a una funcionaria de la PGJ le pagaron la cantidad de 50 mil pesos a cambio de protegerlos y avisarles de los operativos que hacía la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO, hoy Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (DADAI)).
Luego de esperar tres horas, María Eugenia Enríquez Reyes, fue aprehendida y trasladada a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Delegación Puebla, y más tarde internada en el Centro de Reinserción Social de San Miguel.
